HDIA, Hablando de Infancia y Adolescencia: Blog GSIA con información y reflexión sobre la realidad que viven millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han transformado la manera en que las generaciones actuales interactúan con el mundo que les rodea. Desde una edad temprana, las niñas y los niños están inmersos en un entorno digital, donde las TIC son herramientas en su vida cotidiana. Sin embargo, este acceso no está exento de riesgos, y es responsabilidad de los adultos garantizar que puedan disfrutar de los beneficios de las TIC de manera segura.
Mariana Gómez del Campo / Colaboradora / Opinión El Heraldo de México Créditos: EspecialCréditos: El Heraldo de México
En el contexto del Día Internacional de las Niñas en las TIC, es esencial reflexionar sobre cómo fomentar un ambiente seguro y confiable para que las niñas exploren y desarrollen habilidades en el ámbito tecnológico. Este año, el enfoque en el liderazgo destaca la importancia de contar con modelos femeninos en los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).
A nivel global, aunque la participación femenina en STEM está en aumento, aún queda mucho por hacer. Solo el 35% de los estudiantes de STEM son mujeres, y el 17% de las mujeres están tituladas en TIC. En Latinoamérica, el 26% de los profesionales en ciberseguridad son mujeres, lo que destaca la necesidad de promover la inclusión de género en estos campos.
En México, el acceso a internet y tecnología es alto, con 88.6 millones de usuarios según el INEGI. Sin embargo, la ENDUTIH 2021 muestra que menos del 30% de niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años no tienen acceso en sus hogares. Pero, considerando el acceso fuera del hogar, como en escuelas y smartphones, el porcentaje de conectividad para este grupo aumenta al 78.7%. A nivel global, países como Corea del Sur, Reino Unido, Suecia y Japón lideran en términos de acceso a internet.
Para garantizar que las niñas tengan acceso equitativo a las TIC y puedan desarrollar habilidades en STEM, es crucial abordar las barreras de género y promover la inclusión desde una edad temprana. Esto implica implementar políticas que fomenten la participación de las niñas en actividades tecnológicas, así como proporcionar recursos y oportunidades de aprendizaje adecuados.
Además, es esencial priorizar la ciberseguridad para proteger a las niñas en línea. Los adultos deben formar a las niñas y los niños sobre los riesgos asociados con el uso de internet y las redes sociales, así como enseñarles cómo proteger su privacidad y seguridad en línea. Esto incluye el uso de contraseñas seguras, la identificación de contenido inapropiado y la prevención del ciberacoso.
En conclusión, el Día Internacional de las Niñas en las TIC nos brinda una oportunidad invaluable para reflexionar sobre la necesidad imperante de fomentar un entorno inclusivo y seguro que permita a las niñas desarrollarse en el ámbito tecnológico.
¡Únete a nosotros! El 25 de abril a las 10:00h, en Metabase Q, comenzaremos un diálogo crucial. Las líderes actuales en ciberseguridad compartirán sus vivencias desde la infancia hasta sus roles actuales, destacando tanto sus experiencias como niñas como sus esfuerzos por construir un espacio digital más seguro e inclusivo para las nuevas generaciones. ¡No te pierdas esta oportunidad y regístrate aquí: https://metabaseq.online/ninastic
En septiembre de 2022, la Cumbre de Educación Transformadora instó a los gobiernos y a la comunidad internacional a movilizar acciones para transformar los sistemas educativos, incluido el aumento de la equidad en el gasto en educación para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4en la educación de calidad para todos.
Para examinar el problema de la equidad en la educación, este informe presenta los hallazgos sobre el financiamiento de la educación equitativa utilizando los datos más recientes de 102 países y territorios, destacando la necesidad urgente de orientar los recursos para llegar a los más pobres y marginados.
Discute los desafíos no solo de la insuficiencia sino también de la inequidad en el gasto nacional en educación y la ayuda internacional a la educación, y explora cómo el financiamiento equitativo de la educación puede ayudar a abordar la crisis mundial del aprendizaje.
El informe presenta acciones políticas clave que los gobiernos y las partes interesadas deben tomar con urgencia para responder a estos desafíos y transformar la educación con un financiamiento equitativo.
Esta guía se refiere a cualquier persona menor de 18 años en el sentido que confiere a este término la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989.
Con el propósito de facilitar su lectura, en general se hace referencia a niños/as no acompañados/as o separados/as. Si en algún momento se utiliza el término niño o menor se debe entender que incluye a todos los niños/as menores de 18 años.
Esta guía, presentada a principios de diciembre, está dirigida a todos/as los profesionales que desempeñan un rol en la asistencia y protección de los niños/as refugiados/as que llegan a este país y tiene como objetivo ser un herramienta práctica que contribuya a superar algunos de los retos existentes en la actualidad
Entre los actores principales a los que se dirige se encuentran los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las autoridades autonómicas del sistema de protección de menores y las autoridades de los distintos Ministerios con competencia en la materia, incluyendo a la Oficina de Asilo y Refugio, así como las ONG y entidades que trabajan en este ámbito.
Autores:
Lázaro González, Isabel Eugenia ; Claro Quintáns, Irene ; Diez Velasco, Isabel ; Torres López, Paloma ; Martínez Castrejón, Elena ; Muller, Sophie ; García Cienfuegos, Marta ; Menendez Sebastián, Eva ; Rasilla del Moral, Margarita de la ; Bernad Olai
Universidad Pontificia Comillas ; ACNUR España
Resumen:
Esta guía es una herramienta práctica dirigida a los actores con responsabilidades en temas de protección internacional, sobre cómo intervenir y brindar una respuesta adecuada a los niños/as extranjeros/as no acompañados/as y separados en necesidad de protección internacional. Entre los actores relevantes estarían: los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las autoridades autonómicas del sistema de protección de menores y las autoridades de los distintos Ministerios con competencia en la materia, incluyendo a la Oficina de Asilo y Refugio, así como las ONG y entidades que trabajan en este ámbito.
También es una herramienta útil para que las personas que trabajan o están en contacto con menores puedan detectar aquellos perfiles con posibles necesidades de protección internacional, por ejemplo, en el contexto de una entrada irregular o en centros de menores.
Esta guía se fundamenta en el derecho internacional, nacional y europeo y en un estudio realizado por un equipo de investigadoras de la Universidad Pontificia Comillas a petición de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España. Dicho estudio tenía como finalidad:
Realizar un diagnóstico para evaluar el proceso de identificación, derivación y tratamiento de los niños/as extranjeros/as no acompañados/ as y separados/as en necesidad de protección internacional.
Identificar los principales desafíos, necesidades y riesgos a los que se enfrentan.
Valorar los estándares de protección y las buenas prácticas detectadas.
El objetivo de la guía es ayudar a todos los actores con competencia en la materia a hacer su trabajo de la mejor manera posible desde un enfoque de diligencia debida orientado a garantizar que el interés superior del niño/a en necesidad de protección internacional sea la consideración primordial cuando se tome cualquier decisión que les afecte, así como el respeto y acceso efectivo a sus derechos.
A lo largo de la guía podrán encontrarse llamadas de atención para alertar a estos actores de las actuaciones que les competen y se facilitará la referencia a herramientas prácticas que podrán ser de utilidad en el desempeño de las mismas.
El 40% de los 100 millones de desplazados forzosos en el mundo son niños y niñas. Con eso en mente, la Universidad Pontificia Comillas y ACNUR han presentado una Guía para profesionales que trabajan con niños y niñas refugiados no acompañados. "Estos niños llevan su espalda una carga, una mochila que supone un sufrimiento y tienen derecho a que esta sociedad los proteja y acompañe para que se conviertan en adultos completos y felices, no condenados a que esa mochila termine aplastándolos", subraya Isabel Lázaro, profesora de Derecho e investigadora de la Cátedra de Derechos del Niño de Comillas.
La guía pretende ser una "herramienta práctica" para que distintos profesionales, desde la Policía que recibe a los menores al llegar a España, hasta los responsables de colegios, servicios de protección a menores, trabajadores de la oficina de asilo, intérpretes, abogados, jueces, fiscales, embajadas y ONG, sepan cómo actuar en cada momento y "proteger a los menores necesitados de protección internacional". Además, incluye un capítulo sobre niños víctimas de trata, “un escándalo para la sociedad”, según denuncia Lázaro, que insiste en la necesidad de que el procedimiento se ajuste al niño y no al contrario.
El documento presentado tiene un enfoque jurídico, de derechos humanos desde la perspectiva de infancia, de género, de protección integral y permite articular un proceso formal de determinación del interés superior del niño en diversas etapas, promocionando la solidaridad en las responsabilidades de todos los actores y la necesidad de coordinación entre ellos.
Durante la presentación se hizo hincapié en tres ideas: la necesidad de formación en materia de asilo para profesionales que trabajan con niños no acompañados; mejorar la ausencia de protocolos específicos para el acompañamiento, y la falta de información clara adaptada para niños en materia de protección internacional.
Se trata de un encuentro que se realizará junto a la Plataforma del Tercer Sector, dirigido a equipos educativos y personas adultas con niñas y niñas bajo su responsabilidad con el fin de presentar la Convención de los Derechos de la Infancia desde una mirada inclusiva, con un lenguaje amigable y adaptada a diferentes franjas de edad.
La jornada “Los derechos de la infancia desde una mirada inclusiva” forma parte de las actividades que la Plataforma de Infancia y la Plataforma del Tercer Sector desarrollan conjuntamente para el acercamiento a la ciudadanía de la información y contenidos sobre los derechos de la infancia, con el objetivo de trabajar por una comunicación inclusiva del gobierno abierto.
Tendrá lugar el próximo 30 de noviembre de 10:00h a 13:00h en la sala Valle-Inclán del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Y está dirigida a equipos educativos y personas adultas con chicas y chicos bajo su responsabilidad. En ella se presentará la Convención de los Derechos de la Infancia adaptada a un lenguaje amigable para distintas franjas de edad y los recursos para su conocimiento y trabajo con grupos de niñas, niños y adolescentes.
Convención de los Derechos de la Infancia adaptada: Con el objetivo de facilitar el conocimiento, aplicación y difusión a la infancia como sujeto de derecho, desde la Plataforma de Infancia se ha realizado la adaptación de la Convención sobre los Derechos de la Infancia a lenguaje amigable en tres franjas diferentes de edad; de 6 a 8 años, de 9 a 12 y de 13 a 17 años.
Además, durante la jornada se presentará un nuevo espacio web con actividades y otros recursos para realizar con los tres grupos de edad marcados sobre los diferentes artículos de la Convención, que ayuden y faciliten el trabajo de los equipos educadores con los niños, niñas y adolescentes.
Sobre la Convención de los Derechos de la Infancia
La Convención sobre los Derechos de la Infancia es el tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho.
Es el más ampliamente ratificado por los países del mundo. Por tanto, los Estados Parte, incluyendo España, están obligados a respetarlos y hacerlos cumplir sin distinción de etnia, sexo, idioma, religión, opiniones, procedencia, posición económica, creencias, impedimentos, nacimiento o cualquier otra condición del niño o niña, de sus padres y madres o de sus representantes legales.
Este tratado establece los derechos en sus 54 artículos y protocolos facultativos, definiendo los derechos humanos básicos que deben disfrutar todos los niños, niñas y adolescentes.
Una imagen capturada por la fotógrafa Amber Bracken de vestidos rojos colgados en una carretera en Canadá, en recuerdo de 215 niños indígenas cuyos restos fueron localizados en tumbas sin marcar de una antigua residencia escolar en Kamloops, gestionada por la iglesia católica, ganó el World Press Photo a la Fotografía del Año.
El trabajo de la fotoperiodista canadiense, publicado en el New York Times,
muestra unos vestidos de color rojo colgados en cruces a lo largo del
camino, en recuerdo de alumnos de la Escuela Residencial de Kamloops,
provincia de Columbia Británica, y cuyos cadáveres fueron localizados el año pasado en tumbas sin identificar en terrenos de la antigua escuela.
Ese internado, dirigido por los Misioneros Oblatos de María
Inmaculada, era una de las numerosas instituciones gubernamentales
gestionadas por órdenes religiosas en las que niños aborígenes eran internados a la fuerza y sufrieron abusos físicos, emocionales y sexuales como parte de un sistema de “reeducación” para eliminar la cultura indígena.
La presidenta del jurado del World Press Photo, Rena Effendi,
consideró que el trabajo de Bracken, premio en la categoría de
Fotografía del Año, es “un tipo de imagen que se graba en la memoria,
inspira una especie de reacción sensorial, casi dejar escuchar la
tranquilidad, un momento sereno de ajuste de cuentas global para la
historia de la colonización, no solo en Canadá sino en todo el mundo”.
Fila para la entrega de comida en la asociación de vecinos de
Aluche por la crisis económica, derivada de la crisis sanitaria de la
covid-19
Los principales resultados de este trabajo de investigación alertan de que la cohesión social en nuestra comunidad ha sufrido un “shock” sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción del SARS CoV-2.
El informe que se ha presentado, junto con el informe global de la “Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España”, ha sido desarrollado por 30 investigadores de 10 universidades y entidades de investigación. Un equipo de encuestadores profesionales ha llamado a más de 90.000 puertas a nivel estatal y 7.000 hogares en Madrid, recogiendo la información de casi 19.000 personas en el Estado, y 1.600 personas en Madrid.
Los resultados de esta investigación reflejan que en la Comunidad de Madrid un millón y medio de personas se encuentran en situación de exclusión social. Esto supone cinco puntos más que antes de la pandemia (del 17% en 2018 al 22%), es decir, 370.000 personas más en exclusión social. Es especialmente grave el aumento de las personas en situaciones más difíciles, con un aumento del 25% de las situaciones de exclusión severa, que alcanza ya a 800.000 personas.
Los resultados también indican un aumento de la desigualdad entre los más pobres, que han visto reducidas sus rentas un 22%, que contrasta con el crecimiento del 18 % de las rentas de las personas con mayores ingresos. El desplome de rentas del quintil con menores ingresos explica el aumento de la pobreza severa.
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Cuando se niega esa realidad, sin tan siquiera leer ese Informe, se hace flaco servicio a la sociedad; si además se es un representante y gestor de la sociedad quien lo niega, mal vamos: “Básicamente, lo indignante es que los poderes públicos estén tan aislados, segregados y retirados de este otro Madrid que es real”, reflexionaMarta Domínguez*.
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Ocho expertos en exclusión social desmontan al consejero de Ayuso:
“Si no ve pobres, demuestra su ceguera”.
Catedráticos y representantes de organizaciones que trabajan con los más vulnerables
destacan el valor técnico y metodológico del informe de Cáritas
frente a los argumentos del portavoz del Gobierno ante la exclusión social.
”Cualquier académico sabe que la exclusión es más que la
pobreza. Lo sabe el Eurostat, el INE y cualquier estadística”. Quien
habla es Pedro Cabrera, catedrático de Sociología en la Universidad
Pontificia de Comillas, con más de 36 años de investigación sobre la
pobreza y exclusión social. Él es uno de los ocho expertos consultados
por EL PAÍS para tratar de aclarar si el portavoz del Gobierno regional,
Enrique Ossorio, tenía razón cuando el miércoles menospreció un informe de Cáritas,organización
ligada a la Iglesia Católica, que eleva la exclusión social en la
Comunidad de Madrid a niveles de 2008, con millón y medio de afectados.
”¿Por dónde estarán?”, se preguntó el consejero con sorna. Un día
después, la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso, lo respaldaba: “Empeñarse en dibujar a un Madrid como una región de pobreza es absolutamente falso”.
Pero
ninguno de los consultados avala su tesis. “Siendo consejero de
educación, demuestra poco nivel técnico y bajo mi punto de vista un
nivel ético ínfimo al descalificar el programa FOESSA, que es el más
completo, objetivo e independiente que hay en este país”, señaló ayer
Cabrera. “Participan 150 investigadores de ocho universidades e
institutos, lo que le da un carácter de estudio independiente que no
tiene otro, y además se prolonga durante décadas, lo que nos permite
hacer una visión longitudinal sobre la pobreza masiva y la exclusión
galopante de este país”.
El
catedrático continuó: “Que [Ossorio] se permita decir que no ve pobres,
demuestra su ceguera, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es
una persona culta que ocupa una posición de relevancia, y sus
declaraciones no pueden ser más que un empeño de su voluntad de no
querer ver la pobreza y además en querer matar al mensajero, respetada
por todo el mundo académico. Los pobres existen. Si no los ve, es que no
los quiere ver o que se mueve en espacios de privilegio, o donde no
tiene ocasión de cruzarse con los espacios de la periferia, marginalidad
y ocultamiento”.
“Sí, señor Ossorio, en Madrid hay
pobres”, recalca también Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN
Europa, (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en
el Estado Español, por sus siglas en inglés). ”Es intolerable e
inaceptable la forma en la que [el consejero] se dirige a las personas
en situación de pobreza”.
“Los datos de Cáritas siempre son rigurosos”
En
opinión de este experto, los datos de Cáritas “siempre son rigurosos”. Y
añade: Nuestro informe AROPE los corrobora y se elabora con datos
oficiales de Eurostat y el INE, con indicadores comunes para toda la UE.
La Comunidad de Madrid es una de las comunidades más ricas de España y
Europa, pero mantiene unos niveles de pobreza insultantes y nada dignos
para una región en la que el señor Ossorio es un alto responsable”.
”Negar
la objetividad y validez de los indicadores de pobreza constituye una
temeridad”, afirma Alexander Elu, especialista en pobreza de la ONG Save
the Children. “Las estadísticas oficiales de pobreza y exclusión social
ofrecidas por la Encuesta de Condiciones de Vida del INE adoptan
una metodología e indicadores comunes y estandarizados en toda la Unión
Europea”, puntualiza. “328.873 niños, niñas y adolescentes en Madrid
viven en hogares con unos niveles de ingresos por debajo del umbral de
la pobreza”.
Mónica Martínez-Bravo, profesora de Economía
en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, institución de
investigación de economía del Banco de España, cuestiona la metodología
usada por Ossorio. ”Afortunadamente, tenemos datos estadísticos y la
evaluación del nivel de pobreza no necesita ser determinada sobre la
base de impresiones subjetivas (cómo lo que vemos al salir a la calle)”,
puntualiza. “El consejero habla de objetividad, pero se contradice
cuando sugiere que las impresiones subjetivas de los ciudadanos pueden
tener más peso que un informe de Cáritas”.
Daniel
Sorando, profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza y doctor
en Sociología por la UCM, trata de interpretar las declaraciones del
portavoz regional: “Pueden entenderse desde dos lógicas compatibles
entre sí: por un lado, su ignorancia de la metodología con la que se
mide la desigualdad y la pobreza en ciencias sociales; y, por el otro
lado, su ignorancia de la sociedad que gobierna el equipo al que da
voz”. Él remite a los datos del INE: “El 38,3% de los madrileños tenían
dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes en 2020; el 28,8%
no puede afrontar ningún gasto imprevisto; el 23,8% no se puede ir de
vacaciones al menos una semana al año; y el 10,8% no pueden mantener la
vivienda a temperatura adecuada”.
“Básicamente, lo
indignante es que los poderes públicos estén tan aislados, segregados y
retirados de este otro Madrid que es real”, reflexiona Marta Domínguez*,
profesora de Sociología Urbana de la Universidad Complutense de Madrid e
investigadora sobre vulnerabilidad. “La vulnerabilidad y la pobreza son
realidades sociales. Negarlas es legitimar que se puede seguir haciendo
política para las clases acomodadas”.
A lo que agrega:
“Vemos que la población vulnerable está agotando sus vías de
subsistencia y no hay políticas públicas que ayuden. La retracción del
estado del bienestar deja en la estacada a gran parte de la población y,
en Madrid, a muchos colectivos (mujeres, inmigrantes, mayores, jóvenes
precarios) que malviven y subsisten gracias a las redes informales y de
apoyo mutuo”.
“Ossorio dice algo correcto y, a la vez,
comete un grave error, señala Gabriela Jorquera, asesora en el Alto
Comisionado para la Pobreza Infantil. “Es correcto que Madrid es una
comunidad rica, pero lo que registramos es una enorme desigualdad: hay
gran cantidad de altas rentas y a la vez un grupo grande de personas que
vive en condiciones de mucha pobreza y precariedad económica”. Ella se
extraña de que el consejero no conozca esta realidad, porque, recuerda,
se concentra en barrios extensos de Madrid. “Basta que se dé una vuelta
por Vallecas, Carabanchel, Parla o Fuenlabrada, regiones y distritos que
concentran altas tasas de precariedad, pobreza y exclusión”, agrega. En
su opinión, las declaraciones de Ossorio reflejan “una percepción muy
antigua y desajustada de lo que es la pobreza: no es una marca visible,
tiene que ver con las condiciones del día a día”.
“Nosotros
avalamos este informe porque se incluyen expertos en toda esta
materia”. recalca también Ernesto Gasco, otro asesor del Alto
Comisionado para la Pobreza Infantil. “Esta es una imagen real. Las
administraciones deberían de ser más respetuosas con estas
organizaciones. Hay que poner en marcha instrumentos para paliar la
brutal desigualdad de la Comunidad de Madrid”.
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* Marta Domínguez, asociada de la Asociación GSIA: Profesora Sociología Urbana UCM (Premio extraordinario 2003). Previamente, trabajó en la administración local (1987-2002).Directora de la Revista UCM Sociedad e Infancias y miembro del comité académico del Master de Políticas de Infancia y Adolescencia de la Escuela de Gobierno de la UCM. Coordinadora local del Master Erasmus Mundus 4 cities y miembro del grupo coordinador de la FES de Sociología Urbana. Ha publicado artículos sobre infancia y ocio, infancia y formas familiares, y además, sobre las dimensiones culturales de la ciudad y la integración, segregación socioespacial, desigualdad social, identidad urbana, colectivos vulnerables, planificación estratégica, etc.
El informe alerta de que la cohesión social en nuestro país ha sufrido un “shock” sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción del SARS CoV-2.
La infancia y la adolescencia, y la juventd, están presentes en múltiples aspectos del Informe.
- Un tercio de los hogares con todos los miembros en paro (600 mil familias) carecen de algún tipo de ingreso periódico que permita una cierta estabilidad
- La pandemia ha destapado un nuevo factor de exclusión social: la desconexión digital es el nuevo analfabetismo del siglo XXI
- 1,8 millones de hogares (casi la mitad de los que están en exclusión social) sufren el apagón digital, lo que significa que viven la brecha digital de manera cotidiana
- La pandemia ha aumentado la brecha de género: la exclusión social ha crecido más del doble en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer
- La diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25%, cifra superior al incremento registrado durante la crisis de 2008
- Hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión social intensa
- La exclusión social en hogares con población inmigrante es casi tres veces mayor que en los hogares españoles
- Tres de cada diez familias se han visto obligadas a reducir los gastos habituales en alimentación, ropa y calzado
- Las tasas más elevadas de exclusión social se dan en el Sur y el Este del país, junto con Canarias.
Retos y propuestas:
La crisis de la Covid-19 está dejando una profunda huella que incide en los lastres de la Gran Recesión de 2008-2013 que no fueron plenamente resueltos en el siguiente periodo de recuperación.
Frente a situación, el informe Foessa y Caritas Española consideran necesario perfeccionar el sistema de protección social a futuro con las siguientes propuestas:
1. Mantener de manera estable para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social con las necesarias adaptaciones a periodos de estabilidad económica. El reto del sistema de protección social es evitar que estas nuevas situaciones de vulnerabilidad e intensificación de la exclusión severa se transformen en crónicas.
2. Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio entre la protección social de la población laboral estable y aquella que es precaria o en situación de exclusión social. De los 850.000 hogares beneficiarios previstos inicialmente, a septiembre de 2021, sólo 315.913 hogares, el 37% de los previstos inicialmente. Una media de 2 personas beneficiarias por cada 10 personas en situación de pobreza severa en España.
3. Reimpulsar el modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y el “rescate” de los sectores más excluidos.
4. Implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad, mejorando la organización social del tiempo de trabajo también en los empleos de sectores excluidos, no cualificados, en empleos temporales y precarios – los sectores llamados “esenciales” de la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas entre otros -, y que acaben con las situaciones de irregularidad.
5. Deberían complementarse, así mismo, los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo, bien a partir de prestaciones complementarias para los trabajadores de bajos salarios, bien como deducciones fiscales reembolsables.
6. Entre los retos pendientes, también está el de garantizar un sistema de salud público de calidad y el de un cambio de estrategia y paradigma en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia y con necesidad de cuidados.
7. Poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial, ya que desde 2018 se ha duplicado el porcentaje de hogares que residen en viviendas insalubres (hasta el 7,2% en 2021) o en situación de hacinamiento (hasta el 4% en 2021). Además, la COVID-19 ha hecho empeorar o tensionar la mayoría de los indicadores de acceso y mantenimiento de la vivienda. Casi se duplica el número de hogares, pasando de 1,1 a más de 2 millones, que sufrieron retrasos, o no tuvieron dinero suficiente, para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el pago del alquiler o la hipoteca.
8. Superar la brecha educativa provocada por el apagón digital. Las políticas públicas deberán poner los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital. Por término medio, en 2020 un 15% de los hogares con menores de 15 años indican que sus calificaciones son peores que en 2019. Un porcentaje que aumenta de forma considerable en los hogares más vulnerables: el 31% de hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes (NNA) de minoría gitana y el 25% de hogares del cuartil más bajo de ingresos.
9. Avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI.
Ante los enormes retos globales que afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de personas menores vulnerables y la integración de la población inmigrante, precisamos de servicios sociales adaptados a las nuevas realidades sociales.
La pobreza infantil vuelve a crecer en Europa, según este informe de Save the Children. En él se alerta de que actualmente casi 20 millones de niños y niñas en toda Europa viven en situación de pobreza o exclusión social, un dato que se había visto reducido en los últimos años pero que ha vuelto a aumentar en 2020 por la pandemia del coronavirus.
La Unión Europea (UE), una de las regiones más ricas del mundo y con un gran desarrollo de sus sistemas de protección social, se enfrenta a unos niveles de pobreza inaceptables. Este nuevo informe de Save the Children, que analiza 14 países europeos -9 de la UE (Dinamarca, Finlandia, Suecia, Alemania, Países Bajos , Italia, España, Lituania, Rumanía) y 5 de fuera (Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Islandia e Irlanda del Norte)-, ofrece un panorama sobre lo que significa crecer en la pobreza en Europa. España se coloca como el tercer país del continente con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil, solo por detrás de Rumanía y de Bulgaria, con un 31,3%. Es decir, uno de cada tres niños y niñas españoles vive por debajo del umbral de pobreza (60% de la mediana de la renta nacional), sufren carencia material severa o viven en hogares con baja intensidad de empleo.
Según Save the Children ningún país europeo está libre de la pobreza infantil. En Alemania, uno de los países más ricos del mundo, uno de cada cuatro niños y niñas crece en riesgo de pobreza. La organización indica que antes de la pandemia del coronavirus 18 millones de niños y niñas -aproximadamente 1 de cada 4- crecían en riesgo de pobreza o exclusión social en toda la UE y tras la crisis de la COVID-19 esta cifra, que ya ha alcanzado los 20 millones, puede aumentar todavía más si no se toman medidas urgentes.
El informe constata que los niños y niñas que crecen en familias monomarentales o numerosas, de origen migrante, con discapacidad, pertenecientes a una minoría étnica y de zonas rurales o desfavorecidas se encuentran entre los más afectados por la pobreza. En España y los Países Bajos, cerca del 40% de los niños y niñas en riesgo de pobreza proceden de familias con empleo, lo que desmiente el mito de que el empleo sea una garantía de no crecer en pobreza.
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GSIA es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter independiente, que fue creada hace 10 años por un pequeño pero apasionado grupo de profesionales de diferentes especialidades.
Su finalidad principal es la de contribuir al reconocimiento de los derechos humanos en la infancia y la adolescencia, a través del estudio, la formación, la sensibilización y la difusión de los mismos.
¡AYÚDANOS A MANTENER Y AMPLIAR NUESTROS PROYECTOS!.
El informe
'Decide Convive: Ciudadanía Global en contextos de exclusión', una investigación que analiza el impacto de la Educación para la Ciudadanía Global en la inclusión socioeducativa durante la adolescencia, con motivo de nuestra adhesión a la Alianza País contra la Pobreza Infantil.
Esta publicación forma parte de Educar para cambiar el Mundo, la línea de publicaciones de Entreculturas a través de la cual sistematizamos nuestra práctica y la ponemos a disposición de toda la comunidad educativa.
En este caso, hemos querido sistematizar nuestra experiencia a la hora de aplicar el enfoque de Educación para la Ciudadanía Global (EpDCG) en el trabajo con jóvenes en contextos de exclusión, y sus efectos en la mejora de la convivencia y la inclusión social....
El Acto contó con las intervenciones de Ramón Almansa, director
ejecutivo de Entreculturas, Clara Maeztu, técnica de educación no formal
de Entreculturas y coordinadora del informe Decide Convive, Carmen
Gayo, directora de la oficina del Alto Comisionado que coordina la
Alianza País y representantes de organizaciones clave en este ámbito de
intervención como Carmen García, del programa de Infancia, Adolescencia y
Familia de Cáritas Española, Jaime Pons, del Servicio Jesuita a
Migrantes y Miguel Pérez, del servicio jesuita a infancia y juventud Red
Mimbre.
Según los datos oficiales el número de hogares monoparentales alcanzaría en España los 1,9 millones. Este número esconde hogares con realidades muy distintas, lo que dificulta el diseño de políticas públicas que den respuesta a sus necesidades específicas. En España, por ejemplo, ocho de cada diez hogares monoparentales están encabezados por mujeres, y en más de la mitad no residen personas menores de 18 años.
El informe Madre no hay más que una: monoparentalidad, género y pobreza infantil contribuye a describir y cuantificar las realidades múltiples de la monoparentalidad en nuestro país, para centrarse en la incidencia del riesgo de pobreza infantil y privación material de los cerca de 950.000 niños, niñas y adolescentes que viven únicamente con sus madres.
Para crear sociedades más tolerantes y
respetuosas hay que estar de frente a las diferentes realidades, ya sean
económicas, sociales o por situación de discapacidad. La participación
de los niños en sus rutinas habituales, con interacciones de calidad con
sus padres o docentes, es la manera óptima de favorecer el desarrollo
infantil.
A pesar de las ventajas conocidas y la apuesta de los sistemas
educativos de muchos países por potenciar la inclusión, en las edades
más tempranas, las comprendidas entre los 0 y los 6 años, no es una
práctica tan generalizada.
Ante el nacimiento de un hijo con discapacidad, las familias se ven
envueltas en un sistema sanitario que dista mucho del modelo educativo
inclusivo. El modelo médico que sigue imperando en muchos países incita a
las familias a buscar muchas horas de terapia y tratamientos
rehabilitadores que difícilmente se pueden compaginar con la asistencia a
un centro educativo.
Al mismo tiempo, los centros educativos de la primera infancia no
suelen tener los apoyos necesarios para dar respuesta al alumnado con
necesidades especiales respecto a las que los docentes no se sienten
capacitados para atender de manera óptima.
Es por ello que, en muchas ocasiones, lejos de pensar en ofrecer las
intervenciones necesarias a los niños en el centro educativo, las
familias se ven obligadas a renunciar a la escolarización en estas
etapas para que sus hijos reciban los tratamientos adecuados en centros
especializados.
En contra de esa realidad, las prácticas basadas en la evidencia
promulgan que el mejor tratamiento para los niños son las estrategias de
intervención que se ofrecen dentro de sus actividades diarias, en la
casa o el centro educativo. Ese cambio de enfoque supone que un momento
como el del almuerzo sea el espacio idóneo para potenciar el desarrollo
motor y de la deglución, o que el momento del juego al aire libre sea un
espacio en el que trabajar la motricidad, el equilibrio, las relaciones
sociales o la adaptación a los estímulos, etc.
Parece una paradoja hablar de inclusión y que los niños con
discapacidad pasen horas en terapias individualizadas fuera del aula.
Necesitamos un cambio de creencias en el que el aula de educación
infantil sea el espacio idóneo para el aprendizaje de todos los niños,
tengan o no necesidades educativas especiales.
Al hablar de educación inclusiva no podemos conformarnos sólo con el
número de niños con discapacidad que están matriculados en las aulas, se
requiere que los niños convivan en el mismo espacio durante la jornada
escolar, ofreciendo igualdad de oportunidades para la participación, lo
cual les permita aprender en igualdad de condiciones.
Los niños necesitan tener parte activa en el aprendizaje y para ello
es necesario que las aulas tengan a los profesionales con la formación y
el tiempo para ofrecer lo mejor a cada niño.
A modo de ejemplo, en España nos encontramos con una normativa que
establece que un docente debe atender a 20 niños de 2 a 3 años. Las
ratios actuales en muchos países, no permiten la educación inclusiva de
la que estamos hablando. Es por ello que, ante la angustia de muchos
docentes por no poder dar respuesta a los niños con discapacidad,
incitan a las familias a buscar cada vez más terapias externas y
tratamientos individualizados que privan al niño de convivir con sus
iguales.
Si bien hace décadas que se viene hablando de estos conceptos y sus
limitaciones, no siempre se ha realizado un proceso de implementación
eficaz de prácticas recomendadas basadas en la evidencia, y eso hace
complejo que sea una realidad en todos los países.
Los sistemas educativos deben diseñar planes de implementación de
prácticas inclusivas en la primera infancia, contando con la
participación de docentes, directivos, políticos, familias y otros
agentes implicados como el ámbito sanitario.
Es necesario contar con una infraestructura personal y también
económica. La formación de los profesionales requiere de un
acompañamiento directo y del manejo de situaciones reales en las que
ofrecer oportunidades para comprobar in situ las ventajas de la
inclusión en las primeras etapas. Los profesores deben comprender que la
inclusión no es sinónimo de que todos los niños tengan que hacer lo
mismo y si no, mejor que estén fuera en terapias.
Los cambios de enfoque son más complejos que la redacción u
aprobación de Leyes. La inclusión supone reconocer al otro en igualdad
de condiciones y darle la oportunidad de participar según sus
posibilidades.
*Margarita Cañadas, directora del Centro de Educación Infantil y
Atención Temprana L´ Alquería de la Universidad Católica de Valencia de
España.