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“La educación afectivosexual es un derecho que no se puede ejercer en España”.

España es uno de los países europeos con mayores deficiencias a la hora de cumplir 
las múltiples recomendaciones de la UE dirigidas a incluir 
la educación afectivosexual en los currículos escolares
La falta de voluntad política obstaculiza un cambio en las aulas 
que solo se dará si las leyes obligan a ello, 
y ejemplos como ‘Sexualidades’ o ‘Skolae’ lo demuestran. 
Está en juego construir una sociedad más igualitaria


Aula de un colegio público, en 2014. Juan Carlos Mejías

España es uno de los países europeos con mayores deficiencias a la hora de cumplir las múltiples recomendaciones de la UE dirigidas a incluir la educación afectivosexual en los currículos escolares desde edades tempranas. Así queda recogido en el informe ‘Comprehensive sexuality education: why is it important?’,
publicado en febrero de 2022 a petición de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM). De los 27 Estados integrantes de la Unión, solo ocho siguen sin implementar la educación afectivosexual en sus centros educativos de forma obligatoria, y España se encuentra en esa lista.

El documento recoge hasta seis resoluciones en firme del Parlamento Europeo, que, desde el año 2015, ha pedido a “la Comisión [Europea] que apoye la implementación en los Estados miembro de programas de educación afectivosexual integral” (2019) y a los propios “Estados miembro que aseguren el acceso universal a una educación afectivosexual integral, científicamente rigurosa, basada en evidencias, adecuada a la edad y libre de prejuicios para todos los niños y niñas” (2021). A nivel internacional, es la UNESCO quien marca la pauta al establecer la garantía de “una educación sexual integral y de calidad” para “todos los niños y jóvenes” como la primera prioridad en su ‘Estrategia de Educación para la Salud y el Bienestar’.

‘Sexualidades’, un ejemplo del modelo español
A pesar de todo ello, la realidad es que, hoy en día, “la educación afectivosexual es un derecho que no se puede ejercer en España”. Lo afirma José Vázquez, coordinador de proyectos de salud y educación sexual en la Consejería de Salud de Asturias, poco después de descolgar el teléfono para hablar con CTXT acerca del programa ‘Ni ogros ni princesas’. Enmarcado en la línea de trabajo ‘Sexualidades, proyecto educativo’, se trata de una iniciativa autonómica ideada para aquellos centros en los que “haya profesorado que se comprometa a dar sesiones de educación afectivosexual en el aula, bien en horario de tutoría o bien en sus materias”, cuenta Vázquez. Él mismo resume las implicaciones de este requisito: “Los centros educativos deciden de forma voluntaria si quieren participar o no, es voluntariedad pura y dura”.

La educación afectivosexual en España es muy limitada, por no decir precaria, y se basa en la voluntariedad

En este sentido, el funcionamiento de la educación afectivosexual en Asturias sirve como ejemplo para explicar la situación en la que se encuentra esta cuestión a nivel nacional. José Vázquez participó en un estudio sobre los programas educativos autonómicos, llevado a cabo en el año 2021, cuya conclusión demostró que “la educación afectivosexual en España es muy limitada, por no decir precaria, y se basa en la voluntariedad”. “A nadie se le ocurre que las Matemáticas puedan ser voluntarias; sin embargo, sí pasa con la educación afectivosexual, que es un cuerpo de conocimientos objetivos y científicos amparados por la OMS y la UNESCO”, denuncia.

A la hora de buscar culpables, Vázquez lo tiene claro: “Esto depende del Estado, en realidad. Las comunidades autónomas tienen cierto margen, pero el currículum se decide con una ley de educación estatal. La última es la LOMLOE, y no recoge la educación afectivosexual” más allá de “objetivos que, si no se concretan, se quedan en intenciones”. De hecho, la reforma educativa del Gobierno de coalición ha tenido un impacto negativo en el proyecto ‘Sexualidades’.
En origen, la iniciativa impulsó la creación de cuatro materias curriculares de educación afectivosexual en Asturias, una para cada curso de la ESO, que se ofrecían como parte de las materias de libre configuración autonómica. De esta manera se abría la posibilidad de que los centros que así lo decidieran pudieran ofertar dos horas a la semana de educación afectivosexual en primero, segundo y tercero de la ESO, y tres horas a la semana en cuarto. “Ahora, con la LOMLOE, de primero a tercero de la ESO ya vienen todas las materias fijadas, tanto a nivel nacional como la concreción que se hace después de forma autonómica, entonces solo hay posibilidad de ofertar una materia que proponga el centro en cuarto de la ESO”, cuenta Raquel Busto, licenciada en Psicología y orientadora de un centro educativo asturiano.

En este nuevo contexto, ‘Sexualidades’ pierde gran parte de su alcance. Su punta de lanza, el programa ‘Ni ogros ni princesas’, ha quedado reducida al acceso –siempre voluntario– del profesorado a un “material didáctico con una parte teórica, con contenidos, y una parte práctica, con propuestas para desarrollarlos en el aula”, explica José Vázquez. Superada la barrera de la voluntariedad, los y las profesoras que quieran recibir esta formación se enfrentan a otros obstáculos. “En nuestro caso la formación es fuera del horario lectivo, por las tardes. Dependes de la conciliación, muchas veces implica presencialidad… no es fácil”, desvela Raquel Busto.
Como complemento, ‘Ni ogros ni princesas’ ofrece talleres externos y puntuales, normalmente uno para cada curso de la ESO, impartidos por personal de enfermería, la Consejería de Juventud o la asociación LGTBI+ Xega.
Tanto Busto como Vázquez coinciden en la necesidad de introducir la obligatoriedad de la educación afectivosexual, un factor prácticamente inexistente en España.

‘Skolae’, la excepción obligatoria
“‘Skolae’ es un programa obligatorio para todas las etapas de escolarización (desde 0-3 años hasta bachillerato y grados medios y superiores) y todos los centros navarros sostenidos con fondos públicos. Por normativa, todos los centros tienen que entrar”. Amelia Fernández de Monje, jefa del Negociado de Coeducación en ‘Skolae’, es quien pronuncia las palabras que persiguen tantos proyectos de educación afectivosexual y que, de momento, solo pueden decirse desde Navarra. Cuestionada acerca de lo que ha propiciado esta excepcionalidad, Fernández de Monje pone en valor la existencia de una “apuesta política” a nivel autonómico que empieza a abrirse camino con “la ley foral 14/2015, de 10 de abril, y la ley foral 17/2019, de 4 de abril. Ahí es donde nos dicen: hay que trabajar la coeducación”.
Gracias a este andamiaje legislativo, complementado con un decreto foral publicado en 2021, “que refuerza la obligatoriedad”, y una serie de órdenes forales “que concretan” el empuje en medidas y acciones bien definidas, los centros educativos públicos y concertados en Navarra se encuentran inmersos en un proceso de “construcción de estructuras estables para que se vaya creando una identidad coeducadora”, afirma Amelia Fernández de Monje. Tanto ella como su compañera Oihana Etxarte, asesora en coeducación y también presente en la conversación con CTXT, insisten en la necesidad de ampliar la mirada más allá de la educación afectivosexual: “Nosotras creemos que la educación sexual tiene que estar dentro de un contexto coeducativo, porque si no, no tiene sentido”. ¿Y qué es la coeducación? Se trata de un enfoque educativo que tiene como objetivo “que los alumnos y alumnas vayan construyendo esa mochilita para poder elegir el proyecto vital desde la libertad, la diversidad de opciones, sin condicionantes de género y aprendiendo a identificar las desigualdades y hacerles frente”, cuentan desde ‘Skolae’.

La experiencia evidencia que la obligatoriedad es un aspecto crítico para lograr una transformación educativa integral

Una de las quejas de Raquel Busto, desde Asturias, entronca a la perfección con los argumentos de ‘Skolae’. “Cuando hay cursos de educación afectivosexual siempre vamos las mismas personas. Y siempre somos mujeres. Para los chicos es mucho más potente que sea un hombre el que les dice determinadas cosas, porque se va a convertir en un referente de otro tipo de masculinidad”, dice Busto; “si permitimos la voluntariedad, vemos que durante años se formaban siempre las mismas mujeres. Y eso no puede ser. Entonces se decidió que tenía que ser todo el claustro quien recibiese estas formaciones”, coinciden Amelia Fernández de Monje y Oihana Etxarte.
Más concretamente, el programa ‘Skolae’ se apoya en la creación de dos figuras fundamentales: el grupo impulsor y el plan de identidad coeducadora. La justificación para la primera de ellas demuestra que en Navarra están más de un paso por delante del resto del país: “No es suficiente con formar a todo el claustro, necesitamos un grupito en el que haya alguien del equipo directivo que dé continuidad al proyecto, para que no desaparezca con la movilidad que tenemos en los centros públicos”.
En esa misma línea, el plan de identidad coeducadora está diseñado para garantizar que la coeducación se instala en el núcleo mismo de los centros públicos y concertados. ‘Skolae’ propone cuatro fases de formación obligatoria para todo el profesorado, cada una de ellas con el requisito de reservar 12 de las 35 horas anuales de formación con las que cuentan los y las profesoras –quienes forman parte del grupo impulsor deben utilizar las 35 horas para esto–, a través de las cuales se va integrando “la transformación progresiva de un centro educativo mixto en un centro coeducativo”, en palabras de Amelia Fernández de Monje, que sigue desarrollando: “La idea es que la formación sea teórico-práctica: tú te vas formando y a la vez eso lo llevas al aula. El profesorado tiene que pasar de utilizar las actividades que propone ‘Skolae’ a saber cómo hacerlo para introducir en sus programaciones propias el enfoque coeducativo. Que la coeducación esté todo el rato en su mirada”. Esta pretensión de transversalidad queda afianzada por los mencionados planes de identidad coeducadora, que, según explica Etxarte, quedan plasmados “dentro de la propia documentación interna del centro”. De esta manera, tras completar las cuatro fases, se mantiene por escrito “la obligación de seguir coeducando”.
El esfuerzo político en Navarra ha posibilitado que cada uno de estos elementos esté perfectamente desgranado en la legislación autonómica, condición insoslayable a la hora de impulsar un progreso verdaderamente significativo hacia la coeducación. El problema, también para Fernández de Monje y Etxarte, es que “la LOMLOE menciona la educación afectivosexual, pero no concreta nada”, así que todo “depende de que cada comunidad autónoma lo haya querido especificar”.

Hacia una sociedad más igualitaria
A pesar de las barreras que generan la voluntariedad y la falta de iniciativa política, Raquel Busto ha observado progreso en su experiencia impartiendo Sexualidades Diversas en cuarto de la ESO: “Sobre todo las chicas se ven más fuertes para dar su opinión acerca de las cosas que quieren hacer y las que no”. Como ejemplo más concreto, cuenta que pone en práctica un reto quincenal “en el que todo el alumnado tiene que cocinar en casa, planchar, etc. Ahí se dan cuenta y ponen en valor muchas cuestiones que antes no valoraban”.
Oihana Etxarte destaca que uno de los cambios más inmediatos que ‘Skolae’ introduce en los centros tiene que ver con el lenguaje: “El alumnado se vuelve superexigente cuando no escuchan lenguaje inclusivo”. Y por si esto fuera poco, añade: “También están más receptivos y más alerta a casos de agresiones sexistas”.
En relación a los contenidos, Amelia Fernández de Monje asegura que “los conocimientos y aprendizajes están adaptados a cada etapa”. Junto a su compañera, enumeran algunas de las cuestiones a tratar según el ciclo educativo: “En educación infantil podemos trabajar los apegos seguros. En primaria se puede hablar de los cambios fisiológicos que irán teniendo nuestros cuerpos, especialmente con las chicas, que suelen mostrar actitudes negativas hacia sí mismas y que viven la menstruación como algo sucio. Hablamos también de los modelos de belleza desde una perspectiva crítica para minimizar esa presión social. En secundaria podemos entrar en las atracciones, los celos y la frustración cuando me ponen límites, o de cómo saber ponerlos”.
Además de formar parte de ‘Skolae’, Oihana Etxarte cuenta con experiencia docente, y recuerda con especial cariño una anécdota con un grupo de primero de primaria: “Teníamos diferentes materiales para relajarnos cuando estábamos enrabietadas, uno de ellos era un masajeador para la cabeza. Me di cuenta de que dos txikis se estaban haciendo un masaje y, sin intervenir, escuché cómo le preguntaba uno al otro ‘¿dónde quieres que te haga el masaje?’, y la respuesta fue ‘prefiero que no sea en la cabeza’. Ese momento se aprovechó para remarcar lo bien que estaba preguntar dónde quería el masaje, que la otra persona haya sabido decir dónde no quería y que tú le hayas respetado”.

La reacción ultra
Corresponsabilidad, consentimiento, denuncia de desigualdades, identificación de violencia de género… A pesar de las grandes diferencias entre ‘Sexualidades’ y ‘Skolae’, ambos proyectos demuestran la capacidad de la educación afectivosexual para provocar cambios profundos. Mar Venegas, socióloga e investigadora de la Universidad de Granada especializada en educación, género y sexualidad, explica a CTXT que “el modelo de ciudadano y ciudadana que queremos construir en nuestra sociedad se configura fundamentalmente a través de la socialización escolar”, por ello, “todo el trabajo que se hace a nivel coeducativo es precisamente para contrarrestar los referentes dominantes patriarcales, que pueden ser homófobos, tránsfobos y abiertamente machistas”.
En un contexto de reacción antifeminista enfervorecida, esta socióloga destaca el “pánico moral” propagado por “grupos y lobbies ultraconservadores financiados para reforzar los valores religiosos contra la apuesta de la educación afectivosexual”. Titulares como ‘La guía educativa que enseña a masturbarse desde los tres años llega a los tribunales de Cataluña’, publicado en el diario ABC en diciembre de 2022, alimentan una campaña del miedo que ha calado. Desde la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) se advierte de que el profesorado en España “ha expresado su malestar por tener que abordar el tema de la educación sexual debido a las posibles consecuencias que puedan tener las opiniones de los padres y las madres”. Raquel Busto lo nota cuando “algunas familias dicen que queremos convencer a sus hijos de algo. Piensan, por ejemplo, que la homosexualidad es algo de lo que les podemos convencer”. Por su parte, desde ‘Skolae’ reconocen que, más o menos, tienen “una denuncia cada año”, aunque “siempre son de ocho familias como mucho”.
[Durante la realización de este reportaje, una de esas denuncias interpuestas por algunas familias provocó la anulación del Plan de Coeducación 2021-2023 aduciendo errores en su tramitación. Sin embargo, “la sentencia no afecta al programa”, aseguran desde ‘Skolae’, puesto que el plan 2021-2023 ya está extinto.]


España es el cuarto mayor inversor europeo en cuestiones antigénero
El esfuerzo de la ultraderecha en este sentido es notorio. Según una investigación del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos, entre 2009 y 2018 se invirtieron 707,2 millones de dólares en lo que el documento denomina activismo “antigénero”, dentro del que se encuentra la guerra abierta contra la educación afectivosexual.
España ocupa un lugar privilegiado en esta red de asociaciones, partidos políticos, think tanks y millonarios ultracatólicos. Concretamente, las organizaciones españolas Hazte Oír y CitizenGO “generaron unos ingresos de 32,8 millones de dólares” entre 2009 y 2018, “convirtiéndose en el cuarto mayor inversor europeo” en cuestiones “antigénero”, revela este exhaustivo informe.
Frente a todo ello, el optimismo de Amelia Fernández de Monje: “Sigue habiendo familias que ese día no mandan a su hijo o hija a clase, pero cada vez va a ser más difícil porque es transversal ya. Es como el txirimiri, que no lo notas pero te va calando”. Y una petición: “Hemos comprobado que en la medida en que generamos espacios y dedicamos tiempo en los centros educativos, el alumnado sí expone cuáles son sus malestares y sus necesidades, y agradecen mucho que se hable de ello. Pero esto resulta insuficiente. Vemos muy necesaria esa apuesta política, porque si no se facilita ese escenario, difícilmente se avanza”.

La guerra de Israel contra Gaza y la violación de los derechos del niño.


 La guerra de Israel contra Gaza y la violación de los derechos del niño.

Para citar este artículo: 
Karen Wells, Susana Cortés-Morales, James Esson, Deirdre Horgan, 
Fikile Nxumalo, Ann Phoenix, Pauliina Rautio & Rachel Rosen.
Children´s Geographies, 
Publicado online: 20 Feb 2024

La intensificación de la actual guerra de Israel contra Gaza ha matado a más de 25.000 personas en menos de cuatro meses; la mitad de ellos niños. Casi 60.000 personas han resultado heridas, casi todas civiles y muchos de ellos niños (UNICEF 1 ).  Muchos miles más están desaparecidos bajo los escombros causados ​​por las 25.000 toneladas de explosivos que se han lanzado sobre Gaza desde el 7 de octubre, el equivalente a dos bombas nucleares. El IPC ha informado que toda la población de 2,2 millones de personas enfrenta inseguridad alimentaria aguda y que esta "es la proporción más alta de personas que enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda que la iniciativa IPC haya clasificado jamás para un área o país determinado". Uno de cada cuatro hogares se enfrenta a "condiciones catastróficas", incluida la hambruna.2   Todos los menores de cinco años de Gaza, 335.000 niños, corren ahora un alto riesgo de sufrir "desnutrición grave y muerte evitable".3

Escribimos este punto de vista porque no es sostenible como académicos críticos de estudios de la infancia permanecer en silencio ante estas violaciones graves y sistemáticas de los derechos de los niños debido a las acciones de Israel en los territorios palestinos ocupados y especialmente en Gaza. La violencia, la destrucción, el hambre y el despojo que están sufriendo los niños de Gaza en el momento actual es casi imposible de comprender. Es precisamente debido a la vulnerabilidad de los niños al trauma, físico y emocional, que los niños tienen protecciones especiales en el derecho internacional. Estas protecciones están siendo violadas diariamente por las acciones de Israel en Gaza.

La guerra israelí contra Gaza no sólo viola la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, sino también los siguientes aspectos del derecho internacional 4 que se relacionan directamente con los derechos de los niños:

· El Cuarto Convenio de Ginebra sobre la protección de civiles durante la guerra y sus protocolos adicionales que prevén el cuidado y la protección de los niños, incluidos sus derechos a "su entorno cultural, su educación y el ejercicio de su religión" (GCIV Arts. 24, 50). ' y especifica que

o     'Los niños serán objeto de especial respeto y serán protegidos contra cualquier forma de atentado al pudor. Las partes en conflicto deberán proporcionarles los cuidados y ayudas que requieran, ya sea por su edad o por cualquier otro motivo (API Art. 77.1).

o     Las mujeres embarazadas y los recién nacidos entran en la categoría de "personas heridas" y, por tanto, se benefician de la misma protección prevista para los heridos y los enfermos en virtud del derecho humanitario (API Art. 8).

o     En la distribución de suministros de socorro se dará prioridad a las personas a las que se deba otorgar un trato privilegiado o protección especial, como niños, mujeres embarazadas, casos de maternidad y madres lactantes (GCIV Arts. 38.5, 50; API Art. 70.1). .

o     En las zonas sitiadas o en los territorios ocupados, los Estados partes en los Convenios deben permitir el libre paso de todos los suministros de alimentos, vestidos y tónicos esenciales destinados a los niños menores de quince años y a las mujeres embarazadas y lactantes (artículo 23 del Código Civil).Nota5

· Tres de las 'seis violaciones graves' de la ONU (asesinatos y mutilaciones; ataques a escuelas y hospitales; y denegación de acceso humanitario).

· La destrucción de escuelas también viola derechos interrelacionados conferidos por la CDN: el derecho a relajarse y jugar (artículo 31); el derecho a la libertad de expresión (artículo 13); el derecho a estar a salvo de la violencia (artículo 19) y el derecho a la educación (artículo 28).

Además del impacto directo de la campaña militar contra los habitantes de Gaza y en violación de las protecciones antes mencionadas, Israel también ha negado la entrada a Gaza de alimentos y medicinas y ha destruido hospitales e interrumpido el suministro de agua y electricidad, causando muertes por hambre y enfermedades. El bloqueo actual es una intensificación de la restricción israelí de alimentos y medicinas a Gaza que ha estado en vigor desde 2007.6   La infraestructura educativa también ha sido objeto de ataques: nueve de cada diez escuelas han sufrido daños importantes7   y la última universidad de Gaza fue destruida por el ejército israelí el 17 de enero de 2024. La mayor parte de la población ha sido desplazada y ha visto sus casas arrasadas y ahora vive en tiendas de campaña o al aire libre.

Muchos gobiernos han condenado esta guerra. En la Asamblea General de las Naciones Unidas del 27 de octubre de 2023, se aprobó una resolución que pedía "una tregua humanitaria inmediata y sostenida y el cese de las hostilidades"8   fue adoptado por 121 votos contra 14 y 44 abstenciones. Bolivia ha roto relaciones diplomáticas con Israel, Chile y México han solicitado a la CPI que investigue posibles crímenes de guerra cometidos por Israel, y varios otros países han retirado a sus embajadores. El presidente del Gobierno español ha pedido sistemáticamente un alto el fuego inmediato y permanente. Lo más significativo es que Sudáfrica llevó un caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acusando a Israel de genocidio, citando muchos de los pronunciamientos del propio gobierno israelí en apoyo de su caso. La CIJ dictaminó el 26 de enero de 2024 que es "plausible" que los palestinos corran riesgo de genocidio debido a las acciones de Israel en Gaza y que debe informar a la Corte en el plazo de un mes para explicar cómo está cumpliendo las decisiones del tribunal.9

Sin embargo, muchos otros gobiernos se han negado a pedir un alto el fuego o condenar a Israel. El Reino Unido ha apoyado activamente a Israel con acceso a las bases británicas en Chipre. Una coalición de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Bahréin, Canadá y Países Bajos ha bombardeado Yemen en un intento de obligar a los hutíes a poner fin a su bloqueo de los barcos que transportan cargamentos israelíes en el Mar Rojo.10   Alemania apoya a Israel en la CIJ y ha prohibido el uso de la palabra "genocidio" en relación con Israel, calificando esta acusación de "antisemita". Estados Unidos continúa suministrando a Israel ayuda militar por valor de 14.300 millones de dólares (¿referencia?) y ha autorizado la venta de emergencia de 147,5 millones de dólares en equipo militar para continuar su guerra genocida, evitando al Congreso en el proceso.

A menudo se defiende al gobierno israelí con el argumento de que sus acciones son en defensa propia en respuesta a la incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre. Ese día, Hamás tomó aproximadamente 240 rehenes y asesinó a 695 civiles, incluidos 39 niños.11   No debería ser necesario decir que estamos en contra del asesinato o el secuestro de civiles, pero, para que conste, no defendemos que los civiles sean asesinados o capturados en conflictos. Dicho esto, debemos señalar que la afirmación de que la guerra en Gaza comenzó el 8 de octubre simplemente no es cierta. En primer lugar, hay que reconocer que el establecimiento de las líneas del Armisticio de 1949, en las que Europa desempeñó un papel fundamental, supuso la catástrofe/Nakbade la expulsión forzosa de 750.000 palestinos y el asesinato de 15.000 palestinos entre 1947 y mayo de 1949. por las fuerzas militares sionistas.12   Además, lo que ha ocurrido desde el 8 de octubre es una intensificación de la ocupación por parte de Israel de tres áreas protoautogobernadas –Jerusalén Oriental, Gaza y Cisjordania– que fueron establecidas por los Acuerdos de Oslo en 1995. Un elemento clave de los Acuerdos de Oslo, firmado por representantes israelíes y palestinos, fue la retirada de las fuerzas israelíes de estos territorios; esa retirada nunca ocurrió. Desde que se firmaron los Acuerdos de Oslo, Israel ha matado a unos 6.000 palestinos, la mayoría en ataques a Gaza; el más largo, de 50 días, en 2014. En Cisjordania y Jerusalén Este, 203 palestinos murieron en 2023 y un promedio de 1.130 resultaron heridos cada mes de 2023.13   Si bien las muertes de israelíes e internacionales el 7 de octubre han sido noticia en todo el mundo, las muertes y el sufrimiento de los palestinos en Gaza pasan en gran medida desapercibidos para gran parte de los principales medios de comunicación, y así ha sido durante muchos años. Por último, hay que reconocer que el bombardeo indiscriminado de una población civil que ha provocado la muerte de más de 25.000 personas en los primeros 100 días de guerra es una forma de castigo colectivo del Estado israelí al pueblo palestino. 

 

Conclusión

En oposición a la complicidad de sus gobiernos en la guerra de Israel, cientos de miles de personas en todo el mundo se han movilizado en apoyo de Palestina.14   y más de 2.400 académicos y estudiantes de estudios sobre la infancia firmaron una declaración exigiendo un alto el fuego.15   Una pequeña pero significativa oposición a la guerra se ha ido construyendo lentamente en Israel, incluida una manifestación contra la guerra celebrada el 21 de enero de 2024.16

¿Cómo deberían responder los geógrafos infantiles a estos acontecimientos? Nuestra opinión es que, como mínimo, debemos exigir un alto el fuego inmediato. Permanecer en silencio ante el asesinato en masa y la discapacidad de niños es ser cómplice. Como académicos, no debemos dejarnos silenciar por afirmaciones de que es "complicada" o que el análisis de la guerra, sus causas e impactos requieren "matices" o que, a menos que Israel o Palestina sean el centro de nuestra investigación, no lo somos. "calificado" para hablar en una plataforma académica. También tenemos un papel crucial que desempeñar en el fomento de espacios de análisis y crítica, con y para colegas, estudiantes y niños. Debemos resistir los intentos actuales de impedir que las voces propalestinas se escuchen en las universidades y escuelas.17   Si bien hablar abiertamente no pondrá fin a este conflicto, aumentar el peso de la opinión pública mundial puede persuadir a Estados Unidos a dejar de apoyar incondicionalmente las acciones de Israel y a dejar de financiar su poder destructivo. En el pasado, ha sido precisamente el temor de Estados Unidos al efecto aplastante de su violencia sobre su (autoproclamada) reputación como hegemón benigno del orden internacional lo que finalmente cambió el rumbo de la política exterior (Vietnam) e interior (derechos civiles). movimiento). Si bien Estados Unidos no es el único país cómplice de las acciones genocidas de Israel, desempeña un papel decisivo. Sin el apoyo financiero y la ayuda militar de Estados Unidos, Israel no podría continuar esta guerra. Como se mencionó anteriormente, Estados Unidos brinda más apoyo financiero y militar a Israel que cualquier otro estado. Estados Unidos sigue siendo una potencia hegemónica mundial. Ejerció su derecho de veto para bloquear una votación a favor de un alto el fuego humanitario en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el 8 de diciembre de 2023.18   Si no lo hubieran hecho, se habría producido un alto el fuego.

Reconocemos que los estudiosos de la infancia difieren sobre lo que consideran posibles soluciones para garantizar la libertad y la igualdad de los palestinos. Sin embargo, independientemente de lo que uno piense sobre el futuro de Palestina e Israel, corresponde a todos los estudiosos de la infancia apoyar el fin de las violaciones de la protección de los niños en el derecho internacional, incluido un alto el fuego inmediato, la restauración de escuelas y hospitales, y la inmediata suministro de ayuda humanitaria, incluidos alimentos, agua y medicinas. Instamos a los académicos a utilizar sus plataformas académicas para oponerse ruidosamente al actual asesinato, incapacidad y duelo de niños por parte de Israel, no sólo en Gaza, sino también en la Cisjordania ocupada, Jerusalén Oriental y el resto de Palestina-Israel.

Declaración de divulgación: Los autores no informaron de ningún posible conflicto de intereses.

Notas
1. https://www.unocha.org/news/gaza-children-under-attack  
2. https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/alerts-archive/issue-94/en/
3. https://www.unicef.org/press-releases/statement-unicef-risk-famine-gaza-strip
4. Para una lista completa del derecho internacional que se refiere específicamente a la protección de los niños en la guerra, véase el apéndice de Amann, Diane Marie, International Child Law and the Settlement of Ukraine-Russia and Other Conflicts (2022). 99 International Law Studies. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=4232165)
5. https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/children/
6. https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19975211
7. https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-68023080
8. https://press.un.org/en/2023/ga12548.doc.htm
9. https://www.icj-cij.org/case/192
10. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/01/11/statement-from-president-joebiden-on-coalition-strikes-in-houthi-controlled-areas-in-yemen/
11. https://www.france24.com/en/live-news/20231215-israel-social-security-data-reveals-true-picture-of-oct-7-%20deaths
12.https://www.aljazeera.com/news/2022/5/15/nakba-mapping-palestinian-villages-destroyed-by-israel-in-1948
13. https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/12/12/know-their-names-palestinians-killed-by-israel-inthe-occupied-west-bank-2
14. https://www.aljazeera.com/news/2024/1/13/pro-palestine-demonstrations-around-the-world-as-gaza-warnears-100-days
15. https://mondoweiss.net/2023/10/childhood-researchers-call-for-an-end-to-the-western-backed-israeligenocide-in-gaza/
16. https://www.aljazeera.com/editorial/2024/1/21/reporters-notebook-covering-an-first-antiwar-protest-inisrael
17. https://www.opendemocracy.net/en/prevent-counter-terrorism-palestine-gaza-students-schools-universities/
18. https://news.un.org/en/story/2023/12/1144562

 

Rebajar la edad penal no solucionará la violencia sexual entre adolescentes. Entrevista a Carme Guil, magistrada.

“Endurecer el Código Penal nunca resuelve los problemas sociales”.
Rebajar la edad penal no solucionará la violencia sexual entre adolescentes 
y apuesta por la educación: “La alfabetización sexual es esencial”

Entrevista a Carme Guil, magistrada y Experta en justicia restaurativa. 

Guil preside la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación.
Guil preside la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. XAVIER JUBIERRE

En tiempos de populismo punitivo, la visión humanista de la Justicia de la magistrada de la Audiencia de Barcelona Carme Guil supone nadar a contracorriente. Experta en justicia restaurativa y especialista en menores, esta experimentada jueza repasa en esta entrevista los métodos alternativos al proceso penal, al tiempo que advierte contra la tentación de intentar solventar problemas sociales como la violencia sexual a golpe de Código Penal.

Preside la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME). ¿Está poco extendido este sistema en nuestro país en comparación con los países de nuestro entorno?

En asuntos civiles y mercantiles tenemos una ley de mediación desde el año 2012, pero no ha evolucionado. La ciudadanía no tiene el debido conocimiento de la institución de la mediación. Persiste la cultura del litigio y la interposición de demandas, lo que nos lleva a no tener en cuenta otras opciones. 

Pero hay otras opciones.

Las opciones son tanto la mediación como otros métodos alternativos de resolución de controversias, o adecuados como decía la ley de eficiencia procesal que se ha quedado en un cajón. Son los sistemas alternativos al litigio. Estamos acostumbrados a que sea siempre otro el que decida por nosotros. En cualquier tipo de conflicto –familiar, vecinal, laboral– hay muchas posibilidades de que las partes se sienten a dialogar y sean capaces de solucionar ellas mismas el conflicto. Solo hay que acudir a la vía judicial cuando la intervención del juez es necesaria, no en todos los casos. 

Una de estas formas alternativas es la Justicia restaurativa. ¿Cómo la definiría?

Son todos aquellos sistemas en los que participan tanto la víctima como los implicados en el delito para intentar reparar el daño causado y alcanzar, si se puede, un acuerdo. Se busca trabajar tanto la responsabilización como la reparación del delito.

¿Qué se le ofrece a la víctima en este tipo de procesos?

Un espacio de escucha activa y atención, que no quiere decir terapéutico, pero se pregunta a la víctima qué quiere y qué necesita. Es algo que debe decirse muy claro: las víctimas confían en el sistema penal, pero es un coto muy cerrado donde los objetivos son otros a la escucha.

¿Un proceso restaurativo puede transcurrir al mismo tiempo que uno penal?

La justicia restaurativa debe ser un proceso paralelo al penal. En algún momento pueden encontrarse, si se alcanza un acuerdo o hay una reparación efectiva, pero muchas veces transcurren paralelamente sin interaccionar. En ocasiones es en la fase de ejecución de la sentencia, ya celebrado el juicio y sustentados los recursos, donde hay la posibilidad de encuentro más claro porque la víctima necesita tiempo y el espacio restaurativo debe empezar cuando la víctima lo desee. 

No todo pasa por un encuentro entre víctima y victimario. Un ejemplo reciente de justicia restaurativa, plasmado en la película ‘Maixabel’ [que narra los encuentros entre Maixable Lasa, viuda del político socialista Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA en 2000, y dos de los terroristas que cometieron el atentado], sí incluye encuentros, pero no todos los procesos restaurativos pasan por un encuentro. Hay otras fórmulas muy útiles para las víctimas.

¿Por ejemplo?

Están los círculos de sentencia, los círculos de diálogo o también las conferencias. Los círculos son espacios restaurativos en los que participan otras personas, aparte de la víctima y el victimario, como familiares o grupos de apoyo. Se organizan encuentros que permiten la escucha activa y que la persona que ha cometido el delito se responsabilice y entienda los efectos de su conducta y el daño que causa a la sociedad.

También hay experiencias que quieren reflejar que es la sociedad en conjunto, además de las víctimas concretas, la que se ve afectada por un tipo de delitos, como por ejemplo los que van contra la seguridad vial. En este círculo participaron miembros de los Mossos d'Esquadra, yo como jueza, un corredor del París-Dakar, un bombero y un accidentado grave con lesiones medulares a consecuencia de un accidente de tráfico. Las conferencias están muy extendidas en países como Nueva Zelanda.

¿En España, en cambio, la cultura del punitivismo está demasiado extendida?

Absolutamente extendida. Lo digo con toda la convicción: el proceso penal no soluciona ningún problema. El proceso penal no puede solucionar toda la violencia que hay en la sociedad, la de género o la violencia sexual. El proceso penal se limita a juzgar unos hechos y a una persona con unas normas muy tasadas y con un sistema de garantías fruto de muchos años de evolución de los derechos humanos.

El punitivismo es una especie de varita mágica que cree que cuando se introduce un artículo en el Código Penal se va a solucionar un problema o que se activa cuando la sociedad reclama para una persona una pena ejemplarizante, como si fuera a suponer un cambio significativo. Todos los partidos políticos de este país, tanto de izquierdas como de derechas, han practicado el punitivismo.

Tanto la izquierda como la derecha han practicado el punitivismo

Los últimos datos de la Generalitat muestran que pasar mucho tiempo en la cárcel no funciona.

El ingreso en prisión, si es simplemente una privación de libertad, no produce ningún efecto en la persona. Cuando acabe la pena de prisión, tendremos a una persona mucho más aislada de lo que entró y probablemente mucho más problemática. El punitivismo es un error y la sociedad debe darse cuenta de que los cambios se producirán con la asistencia social o con la educación, no con muchos años de cárcel.

¿Al proceso penal se acaba trasladando la falta de diálogo que muchas veces tenemos como sociedad, lo que lleva a buscar únicamente el castigo?

Efectivamente. Parece que no pasa nada si una persona no va a la cárcel, o que el sistema fracase si hay una sentencia absolutoria, y no es así. Los medios de comunicación fomentan en muchas ocasiones esta visión y que la sociedad tenga integrado que la única solución es el castigo y, de entre todas las penas, la pena de prisión, y eso es completamente falso. Por altas que sean las penas de prisión no bajan los delitos. 

Un fenómeno criminógeno no depende de la pena prevista en el Código Penal. En España hemos ampliado las penas hasta la prisión permanente revisable y no hemos conseguido que deje de haber ciertos tipos de asesinatos. Esto es especialmente problemático porque, en comparación con los Estados de nuestro entorno europeo, somos un país extremadamente seguro, donde el número de delitos graves –asesinatos, violaciones– es más bajo. Hay que luchar contra los clichés y las demandas tan punitivistas que llevan a pensar que la única respuesta es el castigo y la pena de prisión. 

¿Fue una oportunidad perdida la pasada legislatura no derogar la prisión permanente revisable? 

La prisión permanente revisable partía del populismo punitivo y, en la práctica, se ha aplicado de forma muy puntual porque realmente tenemos muy pocos casos que tengan la gravedad para justificarla. Lo que no hemos visto hasta ahora es la ejecución de esa pena. La ejecución de una prisión permanente revisable, que en sí misma es indeterminada, genera muchos problemas, y los vamos a ver de aquí a un tiempo cuando los condenados ya lleven mucho tiempo en prisión. España ya tenía y tiene algunas de las penas de prisión más largas de Europa. ¿Hacía falta la prisión permanente?

Hablaba de que los medios en muchas ocasiones fomentan el punitivismo. ¿La clase política también?

Llevamos más de 45 reformas del Código Penal en democracia, muy continuas y de mucha profundidad. En la pasada legislatura se reformó varias veces el Código Penal, pero sin una idea de conjunto, sin tener en cuenta aspectos que desde el punto de vista de la técnica legislativa son indispensables porque, a la hora de interpretar la ley que tenemos que aplicar, a los jueces nos generan muchos problemas. El Código Penal tiene contradicciones entre artículos y contiene descripciones farragosas y a veces interminables de los tipos penales, que parece que quieren integrar todos los verbos posibles. 

Una de las últimas reformas legislativas, la ley del ‘solo sí es sí’, reitera el veto a la mediación en estos casos. ¿Está de acuerdo? 

La ley del ‘solo sí es sí’ perpetúa el veto a la mediación introducido en la ley contra la violencia de género de 2004 al prohibir la mediación y conciliación. Pero la justicia restaurativa no es una mediación ni una conciliación, es algo diferente. No pasa por un acuerdo, un encuentro o una negociación. La justicia restaurativa trata de encajar las necesidades de la víctima en un espacio distinto. 

Decirle a una mujer que no puede ser escuchada ni hablar porque la ley prohíbe la mediación creo que es una grave limitación al derecho de ejercitar como ella quiera sus derechos. Esta limitación de la ley incide en un error que ha sido puesto de manifiesto por muchos operadores, no solamente penalistas, sino de fuera del proceso penal, por muchas personas que están trabajando con víctimas de violencia sexual. En la justicia restaurativa creemos que la víctima tiene derecho a hablar y a ser escuchada. Y esto también lo dice el estatuto para todas las víctimas. ¿Por qué limitarlo con las víctimas de violencia de género o de violencia sexual? 

La otra pata de la polémica de esta ley fue las rebajas de penas. ¿Se exageraron los efectos de esas rebajas? ¿Cómo lo percibieron desde dentro de la judicatura?

Hubo una utilización de la reforma con un sesgo claramente intencionado para dar una visión de que la ley producía unos efectos que van precisamente en contra del punitivismo. Los medios de comunicación lo acentuaron claramente al exigir al Consejo General del Poder Judicial y a los Tribunales Superiores de Justicia cuántas revisiones de condena había. Pero la noticia no era que se hubiera revisado una pena, sino solo que se había revisado a la baja. 

Se ha hecho muchísimo daño con este tema. Primero a las víctimas, pero también al sistema penal, porque se ha puesto en tela de juicio de una forma absolutamente superficial el trabajo de los jueces. Los años de privación de libertad de una persona, el derecho fundamental a la libertad y los derechos de las víctimas son cuestiones muy serias y se ha hablado de ellas como si fuera un mercadeo en el que simplemente lo importante era si había un año más o un año menos de condena. 

Los efectos que una pena de prisión tiene en una persona no son para hablar tan a la ligera. Pensar que una persona va a pasar de estar condenada a diez años a ‘solo’ siete… ¿Cómo que ‘solo’ siete? ¿Qué se ha hecho en estos siete años? ¿Esta persona ha tenido algún cambio? ¿Hay riesgo, cuando salga, de que haya otras víctimas? Esto es lo que hay que contemplar, no tanto si son seis meses o dos años menos de condena. Políticamente se hizo un muy mal uso de esta polémica y se defendió muy mal una ley que tiene cosas muy buenas porque incide en el origen del problema de la violencia sexual.

La violencia sexual en la adolescencia ha existido siempre, 
pero ahora se denuncia más

¿La reforma de la reforma de la ley les ha comportado más problemas a la hora de aplicarla y revisar las penas?

Hemos tenido varias revisiones y hemos hecho una interpretación, que en algunos casos está pendiente de recurso porque la Fiscalía no lo ha compartido y en otros las defensas no lo han compartido. El Tribunal Supremo ya ha marcado la línea jurisprudencial. Estamos aplicando la reforma de la reforma, como no puede ser de otra manera, con las dificultades propias de la precipitación legislativa. Esta necesidad periódica de cambiar el Código Penal, para hacerlo luego a la ligera y con deficiencias técnicas, es algo que deberíamos reflexionar como sociedad y los políticos en particular.

En las últimas semanas se ha hablado mucho de agresiones sexuales con menores implicados, tanto víctimas como acusados. Con su experiencia como magistrada y exfiscal especialista en menores, ¿ha notado un aumento de este tipo de casos en los últimos años?

La violencia sexual en la adolescencia ha existido siempre, pero lo que sí hemos notado es que se denuncia más. En la adolescencia existen muchos riesgos de que los comportamientos superen la línea porque es una etapa de asunción de riesgos, de descubrimiento y de crearse una identidad propia. Está bien que se denuncie más porque así los poderes públicos pueden intervenir en algo que antes se quedaba solo en la esfera privada. La víctima antes se quedaba incluso sola, y no había posibilidad de ayudarla.

Siempre ha habido mucha violencia sexual, y continuarán saliendo casos. La cifra negra de víctimas menores, niños, niñas y adolescentes se da sobre todo dentro del núcleo familiar. Son los casos que los especialistas nos dicen que son más numerosos y más desconocidos porque es difícil que salgan del entorno familiar.

Es decir, que los casos de violaciones múltiples en la calle que crean más alarma social son mucho más excepcionales que los abusos en el ámbito familiar.

Sí, son casos muy excepcionales. Los adolescentes tienen un comportamiento grupal y gregario. Esto les lleva a hacer cosas que solos, a lo mejor, no harían, ya sea un robo con violencia o una agresión sexual. Es importante entender este tipo de comportamientos, que no justificarlos. Hay que intervenir con estos adolescentes, pero si solo intervenimos con la respuesta penal y el castigo, aunque sean menores, no va a ser suficiente. Rebajando la edad penal de los menores o aumentando el tiempo de duración de las medidas de internamiento no conseguiremos luchar contra la violencia sexual.

Hay que educar, la alfabetización sexual es lo esencial. Tenemos a niños y niñas que están aprendiendo con la pornografía y se comportan en las relaciones sexuales en base a los modelos aprendidos con la pornografía. Esto es un riesgo porque la pornografía tiene un sesgo claramente machista y basado en el supremacismo del hombre y en una mujer sumisa que disfruta con la dominación. Si nosotros no enseñamos a los chicos y a las chicas cómo hay que relacionarse con el otro y que las relaciones afectivo-sexuales no pasan por la dominación, no vamos a solucionar el problema. ¿Cambiamos el Código Penal o nos tomamos en serio la educación sexual?

Si decía que el proceso penal no soluciona los problemas, imagino que aumentar las penas tampoco.

Endurecer el Código Penal nunca resuelve los problemas sociales. No vamos a solucionar el problema de la violencia sexual ni aumentando las penas ni internando más tiempo a los adolescentes. Este camino no tiene un buen resultado.

Invertimos mucho más en el castigo que en ayudas para las víctimas

¿Los políticos prefieren cambiar el Código Penal porque es más barato que destinar recursos a la educación y a los servicios sociales?

El punitivismo parece que sale gratis, pero la pena de prisión tiene un altísimo coste. No solo para la persona que va a prisión, que normalmente pierde su trabajo o incluso su entorno familiar, sino que socialmente tiene un coste elevadísimo. En algunos países se han llegado a disminuir las penas de prisión por un tema de coste: el sistema basado solamente en pasar mucho tiempo en la cárcel se convirtió en insostenible. 

Por otro lado, sabemos que hay medidas penales alternativas a la cárcel que funcionan muy bien, y debemos potenciarlas. Invertir mucho en prisiones supone un coste elevado a cambio de frutos muy reducidos. En cambio, las medidas penales alternativas que no pasan solo por el punitivismo permiten invertir socialmente, educativamente y en ayudas a las víctimas. Todavía invertimos mucho más en el castigo que en ayudas para las víctimas. ¿Les hemos preguntado a ellas qué preferirían? Yo creo intuir la respuesta.

¿Esa tentación por el populismo punitivo también afecta a la izquierda?

El populismo punitivo ha sido incorporado por todos los partidos políticos, independientemente de si son de izquierdas o de derechas. Puede parecer que el populismo punitivo tiene que estar más ligado a regímenes dictatoriales, pero no es así. Ocurre en todo el mundo y en otras democracias además de la española. Parece que la única obsesión es más y más prisión e incorporar más conductas al Código Penal.

El Derecho Penal tiene que ser la última intervención. Hay otras posibilidades, como sanciones administrativas o la justicia restaurativa. ¿Por qué no aplicamos más la justicia restaurativa en los delitos leves? ¿Qué sentido tiene que dos vecinos que se han peleado y se han dado un par de empujones vayan a un juez para que les diga que efectivamente se han dado un par de empujones y les ponga una multa a cada uno? ¿Qué efecto tiene esa multa en la relación entre ambos y en toda la comunidad de vecinos? Se debería invertir más en espacios de diálogo para intentar solucionar los conflictos de base, lo que permitiría evitar nuevos conflictos y las escaladas de conflicto que son muy frecuentes en determinados ámbitos.

¿No se pone suficiente énfasis en las medidas penales alternativas al encarcelamiento?

Hace falta más proyección de este tipo de medidas. En Catalunya, donde este tipo de medidas alternativas se habían trabajado mucho, hay un retraso importante en su avance al que hay que poner solución. Y en el resto de comunidades la dotación económica sigue siendo muy baja.

Pensemos en una pena corta de prisión, que son las más habituales por ejemplo en los delitos contra la seguridad vial. Este tipo de delitos han llevado a la cárcel a muchísima gente con penas cortas, a veces por no poder pagar una multa. En una pena corta de prisión, las posibilidades de trabajar con esa persona para evitar que reincida son muy restrictivas. Por lo tanto, es mucho mejor una pena alternativa o una forma alternativa de cumplimiento como es la suspensión de la pena de prisión. El problema es que todavía se vende que si se suspende la pena de prisión, los condenados quedan impunes. Y no es así