Diploma de Especialización en la Infancia en la Sociedad Vulnerable: Intervención, Inclusión y Participación

Universidad de Salamanca

• Título propio: Diploma de Especialización en la Infancia en la Sociedad Vulnerable: Intervención, Inclusión y Participación
• Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
• Centro: Facultad de Ciencias Sociales
• Tipo de enseñanza: Semi-Presencial
• Idioma: Español
• Director/a: Fernando Gil Villa.
• Duración: Un curso (Año natural: de enero a julio.)
• Créditos ECTS: 50€
• Plazas de nuevo ingreso: 30
• Precio: 2000€ (Preinscripción: 250€)
• Coste por crédito: 40€

El Título Propio “La infancia en la sociedad vulnerable: intervención, inclusión y participación” nace con el fin de formar profesionales que puedan participar en diferentes equipos multidisciplinares y en las diversas modalidades de atención a la infancia que se llevan a cabo a través de las acciones de promoción y defensa de sus derechos, de las actuaciones para la prevención de todas las situaciones que interfieren en el normal desarrollo personal y social del niño o adolescente, de la acción de protección en los casos de riesgo y desamparo, así como en la promoción de buenas prácticas que estén relacionadas con la Convención sobre los Derechos del Niño, que sean creativas o innovadoras y potencien la coordinación entre organismos, la participación ciudadana y las alianzaz a favor de la infancia y la adolescencia.

Desde la crisis financiera del año 2008, muchos países industrializados están asistiendo a un decrecimiento, manifestado en el desempleo y en la incapacidad de los gobiernos de mantener sistemas de protección más estables para hacer frente a las consecuencias. Una de las principales víctimas de esa austeridad son los niños, niñas y adolescentes (NNyA). Ante dicho cambio en el modelo de bienestar europeo, es evidente la necesidad de formar profesionales que puedan contribuir a la defensa de los derechos de los menores de edad, entendiendo que no existe una diferencia tajante entre las necesidades de protección y las necesidades relacionadas con la autonomía del sujeto, sino que la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección a la infancia es promover su autonomía como sujeto. Por otra parte, sólo se podrá contribuir al bienestar de la infancia y adolescencia desde la corresponsabilidad de diferentes actores y perspectivas. A tal fin, el trabajo interdisciplinar en la intervención con infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad social se convierte en una necesidad de nuestra sociedad actual y en un importante yacimiento de empleo. Por ello, se busca capacitar para el diseño, desarrollo y evaluación de diversas estrategias de intervención, inclusión social y participación, respetando los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, haciendo especial hincapié en los derechos de los NNyA.

Además de ser un compromiso ético que la sociedad debe contraer con sus miembros, los poderes públicos, por imperativo legal, deben asegurar a los niños y niñas la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar y desarrollo integral, arbitrando las medidas tendentes a que las personas a cuyo cargo se encuentran los menores de edad, los protejan y promuevan el ejercicio de sus derechos. Estos derechos se han plasmado a lo largo del siglo XX en diferentes instrumentos normativos de carácter internacional, nacional y autonómico, convirtiendo  a los NNyA en sujetos de derecho, y convirtiendo esa tutela en un asunto de carácter público, superando el contexto propiamente familiar y privado. En este sentido los poderes públicos deben ser garantes y protectores del cumplimiento de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Así,  hay que destacar en el  ámbito  Internacional  la  Convención  de los  Derechos  del  Niño,  aprobada por  la  Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, donde se  recogen y desarrollan los principios enunciados en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959.

En el ámbito estatal, hay que destacar la tutela desde nuestra norma suprema, concretada principalmente en el art. 39.4 CE, que establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos, e incluso en el art. 39.3 que afirma que los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda, debiendo en los casos que no sea así articular los poderes públicos los mecanismos adecuados de tutela e intervención.

Es en el marco de estas competencias donde el legislador estatal ha regulado las instituciones jurídico-públicas y privadas sobre las que se asienta la protección del menor, siendo su máximo exponente la LO 1/1996, de 15 de enero de Protección jurídica del menor, que es un marco regulador que garantiza a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado, y que ha servido  de  referencia  a  la legislación  que  las  Comunidades  Autónomas  han  ido  aprobando  de acuerdo con su competencia en materia de asistencia social, servicios sociales y protección pública de menores de edad. Pero esta norma ha sido objeto de reforma por la LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que busca la mejora de los citados  instrumentos de protección,  a  los  efectos  de  continuar  garantizando  a  los  NNyA  una protección uniforme en todo el territorio del Estado, que, como indica su Exposición de Motivos,“sirva de marco a las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación de protección de menores, con independencia de su situación administrativa, en caso de extranjeros”.

Igualmente, y dado el contenido del Título Propio que se presenta, hay que mencionar también la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que ha sido objeto de varias reformas desde su entrada en vigor, siendo la producida por la LO 8/2006 la más importante. Esta norma del año 2000 supuso un punto de inflexión en nuestro Derecho en el modelo de tratamiento del menor de edad que delinque; con ella se abandona el modelo tradicional de justicia penal juvenil, denominado «de protección» o «tutelar», por el denominado  modelo  «de  justicia»  o  «educativo-  responsabilizador»,  en  el  que  además  de  ese carácter educativo se responde al fin político-criminal de endurecer la respuesta penal frente al menor de edad que delinque. Asimismo, en el ámbito de las CC. AA., el artículo 148 CE contempla que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materia de asistencia social. Como consecuencia de ello, muchas administraciones autonómicas han llevado a cabo políticas públicas en materia de protección y tutela de menores, respetando la legislación civil, penal y penitenciaria de carácter estatal.

Toda esta normativa expuesta, y los diferentes cambios que se están produciendo en la evolución de las familias y la infancia en el contexto de una sociedad vulnerable, hacen necesario un análisis de estas características, con el fin de profundizar en los derechos y necesidades de la infancia. Y en ese contexto cobra especial relevancia la intervención socioeducativa con esta población, con consideración a aquellos NNyA que se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad sociall.

Al mismo tiempo, con este Título se pone el acento en la importancia de continuar apostando por la necesidad de articular la alianza, el trabajo en red, la cooperación y la participación como elementos fundamentales para el impulso de los derechos de la infancia en el ámbito local, en la línea desarrollada en el IV Congreso Internacional de Ciudades Amigas de la Infancia, organizado por UNICEF. Del mismo modo, conecta con los objetivos y principios de la Acción Local para la Agenda 2030, impulsada por la ONU, considerando que la vulnerabilidad, la exclusión y la falta de sostenibilidad tienen una naturaleza global y local tanto en su origen como en las potenciales soluciones. Por tanto, el Título abre un campo novedoso para los técnicos y representantes públicos municipales, organizaciones ciudadanas, profesionales, investigadores y estudiantes universitarios que estén interesados en conocer la agenda internacional y sus implicaciones en clave local en materia de derechos de la infancia y, al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de adquirir herramientas para el diseño de políticas públicas con enfoque de Infancia y de Agenda 2030. Para  dar respuesta  a estas  inquietudes,  se cuenta con  docentes de la USAL desde una adecuada    formación    multidisciplinar    (Psicología,    Sociología,    Trabajo    Social,    Derecho, Comunicación,  Educación,  Antropología,  etc.),  que  reúnen  los  conocimientos  necesarios,  tanto teóricos como prácticos, sobre las materias del Plan de Estudios. Se cuenta también con una amplia oferta de profesionales y entidades (públicas y privadas) que trabajan en el campo de la infancia, de tal manera que, a partir de sus experiencias profesionales, se consiga formar expertos de la intervención, inclusión y participación con una visión interdisciplinar, amplia y global de las diferentes situaciones que pueden interferir en el  desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Y todo ello con vistas a que se puedan reconducir las situaciones de riesgo, desamparo y vulnerabilidad social de estos colectivos a través de medidas, acciones, actividades, iniciativas o experiencias de diversas instituciones que trabajan en el ámbito de la infancia.