Transforming Education with Equitable Financing, Findings using 2010-2022 data.
Guía para el buen trato a menores migrantes: niños y niñas refugiados no acompañados y separados.
Resumen:
- Realizar un diagnóstico para evaluar el proceso de identificación, derivación y tratamiento de los niños/as extranjeros/as no acompañados/ as y separados/as en necesidad de protección internacional.
- Identificar los principales desafíos, necesidades y riesgos a los que se enfrentan.
- Valorar los estándares de protección y las buenas prácticas detectadas.
«Los derechos de la infancia desde una mirada inclusiva», Jornada Plataforma de Infancia, 30 de noviembre.
La jornada “Los derechos de la infancia desde una mirada inclusiva” forma parte de las actividades que la Plataforma de Infancia y la Plataforma del Tercer Sector desarrollan conjuntamente para el acercamiento a la ciudadanía de la información y contenidos sobre los derechos de la infancia, con el objetivo de trabajar por una comunicación inclusiva del gobierno abierto.
Tendrá lugar el próximo 30 de noviembre de 10:00h a 13:00h en la sala Valle-Inclán del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Y está dirigida a equipos educativos y personas adultas con chicas y chicos bajo su responsabilidad. En ella se presentará la Convención de los Derechos de la Infancia adaptada a un lenguaje amigable para distintas franjas de edad y los recursos para su conocimiento y trabajo con grupos de niñas, niños y adolescentes.
Además, durante la jornada se presentará un nuevo espacio web con actividades y otros recursos para realizar con los tres grupos de edad marcados sobre los diferentes artículos de la Convención, que ayuden y faciliten el trabajo de los equipos educadores con los niños, niñas y adolescentes.
Sobre la Convención de los Derechos de la Infancia
La Convención sobre los Derechos de la Infancia es el tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho.
Es el más ampliamente ratificado por los países del mundo. Por tanto, los Estados Parte, incluyendo España, están obligados a respetarlos y hacerlos cumplir sin distinción de etnia, sexo, idioma, religión, opiniones, procedencia, posición económica, creencias, impedimentos, nacimiento o cualquier otra condición del niño o niña, de sus padres y madres o de sus representantes legales.
Este tratado establece los derechos en sus 54 artículos y protocolos facultativos, definiendo los derechos humanos básicos que deben disfrutar todos los niños, niñas y adolescentes.
Las tumbas de los niños indígenas de Canadá gana el premio a la foto del año en el World Press Photo 2022.
La World Press Photo a la Fotografía del Año 2022 dedicada a los niños aborígenes sacrificados en el altar del racismo. |
El trabajo de la fotoperiodista canadiense, publicado en el New York Times, muestra unos vestidos de color rojo colgados en cruces a lo largo del camino, en recuerdo de alumnos de la Escuela Residencial de Kamloops, provincia de Columbia Británica, y cuyos cadáveres fueron localizados el año pasado en tumbas sin identificar en terrenos de la antigua escuela.
Ese internado, dirigido por los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, era una de las numerosas instituciones gubernamentales gestionadas por órdenes religiosas en las que niños aborígenes eran internados a la fuerza y sufrieron abusos físicos, emocionales y sexuales como parte de un sistema de “reeducación” para eliminar la cultura indígena.
La presidenta del jurado del World Press Photo, Rena Effendi, consideró que el trabajo de Bracken, premio en la categoría de Fotografía del Año, es “un tipo de imagen que se graba en la memoria, inspira una especie de reacción sensorial, casi dejar escuchar la tranquilidad, un momento sereno de ajuste de cuentas global para la historia de la colonización, no solo en Canadá sino en todo el mundo”.
Fuentes RTVE y World Press Fhoto
FOESSA constata que la exclusión aumentó en la Comunidad de Madrid tras la pandemia, y ese Gobierno no lo ve..
Fila para la entrega de comida en la asociación de vecinos de Aluche por la crisis económica, derivada de la crisis sanitaria de la covid-19 |
Los principales resultados de este trabajo de investigación alertan de que la cohesión social en nuestra comunidad ha sufrido un “shock” sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción del SARS CoV-2.
”Cualquier académico sabe que la exclusión es más que la pobreza. Lo sabe el Eurostat, el INE y cualquier estadística”. Quien habla es Pedro Cabrera, catedrático de Sociología en la Universidad Pontificia de Comillas, con más de 36 años de investigación sobre la pobreza y exclusión social. Él es uno de los ocho expertos consultados por EL PAÍS para tratar de aclarar si el portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, tenía razón cuando el miércoles menospreció un informe de Cáritas, organización ligada a la Iglesia Católica, que eleva la exclusión social en la Comunidad de Madrid a niveles de 2008, con millón y medio de afectados. ”¿Por dónde estarán?”, se preguntó el consejero con sorna. Un día después, la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso, lo respaldaba: “Empeñarse en dibujar a un Madrid como una región de pobreza es absolutamente falso”.
Pero ninguno de los consultados avala su tesis. “Siendo consejero de educación, demuestra poco nivel técnico y bajo mi punto de vista un nivel ético ínfimo al descalificar el programa FOESSA, que es el más completo, objetivo e independiente que hay en este país”, señaló ayer Cabrera. “Participan 150 investigadores de ocho universidades e institutos, lo que le da un carácter de estudio independiente que no tiene otro, y además se prolonga durante décadas, lo que nos permite hacer una visión longitudinal sobre la pobreza masiva y la exclusión galopante de este país”.
El catedrático continuó: “Que [Ossorio] se permita decir que no ve pobres, demuestra su ceguera, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es una persona culta que ocupa una posición de relevancia, y sus declaraciones no pueden ser más que un empeño de su voluntad de no querer ver la pobreza y además en querer matar al mensajero, respetada por todo el mundo académico. Los pobres existen. Si no los ve, es que no los quiere ver o que se mueve en espacios de privilegio, o donde no tiene ocasión de cruzarse con los espacios de la periferia, marginalidad y ocultamiento”.
“Sí, señor Ossorio, en Madrid hay pobres”, recalca también Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, por sus siglas en inglés). ”Es intolerable e inaceptable la forma en la que [el consejero] se dirige a las personas en situación de pobreza”.
“Los datos de Cáritas siempre son rigurosos”
En opinión de este experto, los datos de Cáritas “siempre son rigurosos”. Y añade: Nuestro informe AROPE los corrobora y se elabora con datos oficiales de Eurostat y el INE, con indicadores comunes para toda la UE. La Comunidad de Madrid es una de las comunidades más ricas de España y Europa, pero mantiene unos niveles de pobreza insultantes y nada dignos para una región en la que el señor Ossorio es un alto responsable”.
”Negar la objetividad y validez de los indicadores de pobreza constituye una temeridad”, afirma Alexander Elu, especialista en pobreza de la ONG Save the Children. “Las estadísticas oficiales de pobreza y exclusión social ofrecidas por la Encuesta de Condiciones de Vida del INE adoptan una metodología e indicadores comunes y estandarizados en toda la Unión Europea”, puntualiza. “328.873 niños, niñas y adolescentes en Madrid viven en hogares con unos niveles de ingresos por debajo del umbral de la pobreza”.
Mónica Martínez-Bravo, profesora de Economía en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, institución de investigación de economía del Banco de España, cuestiona la metodología usada por Ossorio. ”Afortunadamente, tenemos datos estadísticos y la evaluación del nivel de pobreza no necesita ser determinada sobre la base de impresiones subjetivas (cómo lo que vemos al salir a la calle)”, puntualiza. “El consejero habla de objetividad, pero se contradice cuando sugiere que las impresiones subjetivas de los ciudadanos pueden tener más peso que un informe de Cáritas”.
Daniel Sorando, profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza y doctor en Sociología por la UCM, trata de interpretar las declaraciones del portavoz regional: “Pueden entenderse desde dos lógicas compatibles entre sí: por un lado, su ignorancia de la metodología con la que se mide la desigualdad y la pobreza en ciencias sociales; y, por el otro lado, su ignorancia de la sociedad que gobierna el equipo al que da voz”. Él remite a los datos del INE: “El 38,3% de los madrileños tenían dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes en 2020; el 28,8% no puede afrontar ningún gasto imprevisto; el 23,8% no se puede ir de vacaciones al menos una semana al año; y el 10,8% no pueden mantener la vivienda a temperatura adecuada”.
“Básicamente, lo indignante es que los poderes públicos estén tan aislados, segregados y retirados de este otro Madrid que es real”, reflexiona Marta Domínguez*, profesora de Sociología Urbana de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora sobre vulnerabilidad. “La vulnerabilidad y la pobreza son realidades sociales. Negarlas es legitimar que se puede seguir haciendo política para las clases acomodadas”.
A lo que agrega: “Vemos que la población vulnerable está agotando sus vías de subsistencia y no hay políticas públicas que ayuden. La retracción del estado del bienestar deja en la estacada a gran parte de la población y, en Madrid, a muchos colectivos (mujeres, inmigrantes, mayores, jóvenes precarios) que malviven y subsisten gracias a las redes informales y de apoyo mutuo”.
“Ossorio dice algo correcto y, a la vez, comete un grave error, señala Gabriela Jorquera, asesora en el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil. “Es correcto que Madrid es una comunidad rica, pero lo que registramos es una enorme desigualdad: hay gran cantidad de altas rentas y a la vez un grupo grande de personas que vive en condiciones de mucha pobreza y precariedad económica”. Ella se extraña de que el consejero no conozca esta realidad, porque, recuerda, se concentra en barrios extensos de Madrid. “Basta que se dé una vuelta por Vallecas, Carabanchel, Parla o Fuenlabrada, regiones y distritos que concentran altas tasas de precariedad, pobreza y exclusión”, agrega. En su opinión, las declaraciones de Ossorio reflejan “una percepción muy antigua y desajustada de lo que es la pobreza: no es una marca visible, tiene que ver con las condiciones del día a día”.
“Nosotros avalamos este informe porque se incluyen expertos en toda esta materia”. recalca también Ernesto Gasco, otro asesor del Alto Comisionado para la Pobreza Infantil. “Esta es una imagen real. Las administraciones deberían de ser más respetuosas con estas organizaciones. Hay que poner en marcha instrumentos para paliar la brutal desigualdad de la Comunidad de Madrid”.
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* Marta Domínguez, asociada de la Asociación GSIA: Profesora Sociología Urbana UCM (Premio extraordinario 2003). Previamente, trabajó en la administración local (1987-2002). Directora de la Revista UCM Sociedad e Infancias y miembro del comité académico del Master de Políticas de Infancia y Adolescencia de la Escuela de Gobierno de la UCM. Coordinadora local del Master Erasmus Mundus 4 cities y miembro del grupo coordinador de la FES de Sociología Urbana. Ha publicado artículos sobre infancia y ocio, infancia y formas familiares, y además, sobre las dimensiones culturales de la ciudad y la integración, segregación socioespacial, desigualdad social, identidad urbana, colectivos vulnerables, planificación estratégica, etc.
Informe FOESSA 2022
Retos y propuestas:
La crisis de la Covid-19 está dejando una profunda huella que incide en los lastres de la Gran Recesión de 2008-2013 que no fueron plenamente resueltos en el siguiente periodo de recuperación.
Frente a situación, el informe Foessa y Caritas Española consideran necesario perfeccionar el sistema de protección social a futuro con las siguientes propuestas:
1. Mantener de manera estable para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social con las necesarias adaptaciones a periodos de estabilidad económica. El reto del sistema de protección social es evitar que estas nuevas situaciones de vulnerabilidad e intensificación de la exclusión severa se transformen en crónicas.
2. Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio entre la protección social de la población laboral estable y aquella que es precaria o en situación de exclusión social. De los 850.000 hogares beneficiarios previstos inicialmente, a septiembre de 2021, sólo 315.913 hogares, el 37% de los previstos inicialmente. Una media de 2 personas beneficiarias por cada 10 personas en situación de pobreza severa en España.
3. Reimpulsar el modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y el “rescate” de los sectores más excluidos.
4. Implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad, mejorando la organización social del tiempo de trabajo también en los empleos de sectores excluidos, no cualificados, en empleos temporales y precarios – los sectores llamados “esenciales” de la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas entre otros -, y que acaben con las situaciones de irregularidad.
5. Deberían complementarse, así mismo, los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo, bien a partir de prestaciones complementarias para los trabajadores de bajos salarios, bien como deducciones fiscales reembolsables.
6. Entre los retos pendientes, también está el de garantizar un sistema de salud público de calidad y el de un cambio de estrategia y paradigma en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia y con necesidad de cuidados.
7. Poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial, ya que desde 2018 se ha duplicado el porcentaje de hogares que residen en viviendas insalubres (hasta el 7,2% en 2021) o en situación de hacinamiento (hasta el 4% en 2021). Además, la COVID-19 ha hecho empeorar o tensionar la mayoría de los indicadores de acceso y mantenimiento de la vivienda. Casi se duplica el número de hogares, pasando de 1,1 a más de 2 millones, que sufrieron retrasos, o no tuvieron dinero suficiente, para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el pago del alquiler o la hipoteca.
8. Superar la brecha educativa provocada por el apagón digital. Las políticas públicas deberán poner los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital. Por término medio, en 2020 un 15% de los hogares con menores de 15 años indican que sus calificaciones son peores que en 2019. Un porcentaje que aumenta de forma considerable en los hogares más vulnerables: el 31% de hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes (NNA) de minoría gitana y el 25% de hogares del cuartil más bajo de ingresos.
9. Avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI.
Ante los enormes retos globales que afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de personas menores vulnerables y la integración de la población inmigrante, precisamos de servicios sociales adaptados a las nuevas realidades sociales.
Guaranteeing Children’s Future: How to end child poverty and social exclusion in European.
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"Decide Convive: Ciudadanía Global en contextos de exclusión, una herramienta clave para la inclusión social de la adolescencia”. Informe Entreculturas.
Esta publicación forma parte de Educar para cambiar el Mundo, la línea de publicaciones de Entreculturas a través de la cual sistematizamos nuestra práctica y la ponemos a disposición de toda la comunidad educativa.
En este caso, hemos querido sistematizar nuestra experiencia a la hora de aplicar el enfoque de Educación para la Ciudadanía Global (EpDCG) en el trabajo con jóvenes en contextos de exclusión, y sus efectos en la mejora de la convivencia y la inclusión social....
El Acto contó con las intervenciones de Ramón Almansa, director ejecutivo de Entreculturas, Clara Maeztu, técnica de educación no formal de Entreculturas y coordinadora del informe Decide Convive, Carmen Gayo, directora de la oficina del Alto Comisionado que coordina la Alianza País y representantes de organizaciones clave en este ámbito de intervención como Carmen García, del programa de Infancia, Adolescencia y Familia de Cáritas Española, Jaime Pons, del Servicio Jesuita a Migrantes y Miguel Pérez, del servicio jesuita a infancia y juventud Red Mimbre.
Madre no hay más que una: monoparentalidad, género y pobreza infantil. Informe del
“Educación inclusiva en la primera infancia”.
A pesar de las ventajas conocidas y la apuesta de los sistemas educativos de muchos países por potenciar la inclusión, en las edades más tempranas, las comprendidas entre los 0 y los 6 años, no es una práctica tan generalizada.
Ante el nacimiento de un hijo con discapacidad, las familias se ven envueltas en un sistema sanitario que dista mucho del modelo educativo inclusivo. El modelo médico que sigue imperando en muchos países incita a las familias a buscar muchas horas de terapia y tratamientos rehabilitadores que difícilmente se pueden compaginar con la asistencia a un centro educativo.
Al mismo tiempo, los centros educativos de la primera infancia no suelen tener los apoyos necesarios para dar respuesta al alumnado con necesidades especiales respecto a las que los docentes no se sienten capacitados para atender de manera óptima.
Es por ello que, en muchas ocasiones, lejos de pensar en ofrecer las intervenciones necesarias a los niños en el centro educativo, las familias se ven obligadas a renunciar a la escolarización en estas etapas para que sus hijos reciban los tratamientos adecuados en centros especializados.
En contra de esa realidad, las prácticas basadas en la evidencia promulgan que el mejor tratamiento para los niños son las estrategias de intervención que se ofrecen dentro de sus actividades diarias, en la casa o el centro educativo. Ese cambio de enfoque supone que un momento como el del almuerzo sea el espacio idóneo para potenciar el desarrollo motor y de la deglución, o que el momento del juego al aire libre sea un espacio en el que trabajar la motricidad, el equilibrio, las relaciones sociales o la adaptación a los estímulos, etc.
Parece una paradoja hablar de inclusión y que los niños con discapacidad pasen horas en terapias individualizadas fuera del aula. Necesitamos un cambio de creencias en el que el aula de educación infantil sea el espacio idóneo para el aprendizaje de todos los niños, tengan o no necesidades educativas especiales.
Al hablar de educación inclusiva no podemos conformarnos sólo con el número de niños con discapacidad que están matriculados en las aulas, se requiere que los niños convivan en el mismo espacio durante la jornada escolar, ofreciendo igualdad de oportunidades para la participación, lo cual les permita aprender en igualdad de condiciones.
Los niños necesitan tener parte activa en el aprendizaje y para ello es necesario que las aulas tengan a los profesionales con la formación y el tiempo para ofrecer lo mejor a cada niño.
A modo de ejemplo, en España nos encontramos con una normativa que establece que un docente debe atender a 20 niños de 2 a 3 años. Las ratios actuales en muchos países, no permiten la educación inclusiva de la que estamos hablando. Es por ello que, ante la angustia de muchos docentes por no poder dar respuesta a los niños con discapacidad, incitan a las familias a buscar cada vez más terapias externas y tratamientos individualizados que privan al niño de convivir con sus iguales.
Si bien hace décadas que se viene hablando de estos conceptos y sus limitaciones, no siempre se ha realizado un proceso de implementación eficaz de prácticas recomendadas basadas en la evidencia, y eso hace complejo que sea una realidad en todos los países.
Los sistemas educativos deben diseñar planes de implementación de prácticas inclusivas en la primera infancia, contando con la participación de docentes, directivos, políticos, familias y otros agentes implicados como el ámbito sanitario.
Es necesario contar con una infraestructura personal y también económica. La formación de los profesionales requiere de un acompañamiento directo y del manejo de situaciones reales en las que ofrecer oportunidades para comprobar in situ las ventajas de la inclusión en las primeras etapas. Los profesores deben comprender que la inclusión no es sinónimo de que todos los niños tengan que hacer lo mismo y si no, mejor que estén fuera en terapias.
La inclusión supone reconocer al otro en igualdad de condiciones
y darle la oportunidad de participar según sus posibilidades.
*Margarita Cañadas, directora del Centro de Educación Infantil y Atención Temprana L´ Alquería de la Universidad Católica de Valencia de España.
Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Entre ellas, en la Agenda del Consumidor se destacan las siguientes: la necesidad de garantizar tanto la asequibilidad de los productos, bienes y servicios, como la disponibilidad de un información clara, accesible y fácil de manejar sobre ellos; la adopción de un enfoque justo y no discriminatorio en la transformación digital; la educación permanente, la sensibilización y la formación, especialmente a niños, niñas y menores de edad; o la protección frente a prácticas discriminatorias por razón de género...
Asimismo, entre las dificultades que impiden el desarrollo en condiciones de igualdad en las relaciones de consumo por cuestiones de género, la violencia de género y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual han de ser contempladas en razón de su especial incidencia. La violencia de género sitúa a las mujeres en riesgo de exclusión social, frustrando sus posibilidades de inserción en el mundo laboral o sus expectativas de independencia económica, todo ello como consecuencia del control que ejerce el agresor sobre las víctimas mujeres. Según datos de la Cruz Roja, el 84 % de las mujeres víctimas de violencia de género están en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que afecta de una forma directa a sus relaciones de consumo.
Adicionalmente, y en el ámbito de la cuestión de género, se encuentran las familias monoparentales. Estos colectivos, encabezados por mujeres en un 81 % de los casos, afrontan necesidades que los sitúan en una posición de desigualdad en las relaciones de consumo. El 46,8 % de estos hogares se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social y tienen una tasa de pobreza infantil quince veces superior a la media. Asimismo, las mujeres que encabezan estos hogares han de enfrentarse a situaciones de empleabilidad inestables, debido a las escasas posibilidades de conciliación que ofrecen las empresas, lo que provoca que muchas de ellas se puedan encontrar en situación de desempleo o de trabajo en situación irregular dada su condición.
También se debe prestar especial atención a la situación de los niños, niñas y adolescentes que, de acuerdo con el INE, suponen el 17,6 % del total de la población, siendo los menores de 16 años el colectivo más afectado por el riesgo de pobreza relativa según la encuesta de condiciones de vida. En sus relaciones de consumo, los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, presentan una mayor sensibilidad a la publicidad y a las prácticas comerciales agresivas, disponen de menor capacidad para reconocer el peligro, pueden sentirse atraídos por la apariencia de productos que entrañen riesgos para su salud o seguridad, o pueden presentar mayor sensibilidad frente a la toxicidad de determinadas sustancias químicas. Requieren, como la Nueva Agenda del Consumidor advierte, medidas de educación permanente, formación y sensibilización...."
Se modifica el artículo 1 bis introducido en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, con objeto de dar cobertura a las situaciones en las que los procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales en las que el lanzamiento afecte a personas que carezcan de título para habitar una vivienda....
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Consumidores vulnerables, veto a algunos desahucios y etiquetado, todo en un nuevo Decreto Ley
La norma crea esa figura para dar paso a posibles reformas que protejan a estas personas y modifica las condiciones para que un juez pueda frenar el desahucio de personas en situación de extrema necesidad aunque no tengan contrato de alquiler o hayan ocupado la vivienda.
La norma crea, en consonancia con las directrices europeas, la figura de la persona consumidora vulnerable, un concepto variable (puede considerarse que se es por edad, conocimientos, ingresos, acceso a la información…) que se define como una persona en especial indefensión en relaciones concretas de consumo que le impide ejercer sus derechos en igualdad.
Y, ¿la creación de ese concepto, qué significa? Abre la puerta a que las administraciones, como ya pasa en algunos sectores (como, por ejemplo, la protección ante desahucios o el bono social) utilicen ese concepto para establecer niveles de protección más exigentes para esas personas. Esa especial atención se podrá recoger, según el Decreto Ley publicado hoy, en futuros reglamentos sectoriales.
Pero no es un concepto 100% nuevo. La Ley General de Derechos de los Consumidores y Usuarios, que es la que modifica, ya enumeraba, entre los derechos de los consumidores, “la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión”.
Lo que sí marca la modificación son obligaciones para las empresas tanto en la información previa a un contrato como en sus ofertas, que deben ser, añade, “claras, comprensibles, veraces” y estar en formatos accesibles, especialmente de cara a estas personas vulnerables. También deberán tenerlas en cuenta de cara al etiquetado de sus productos.
Además, añade la obligación general de incluir en la etiqueta, además de toda la información obligatoria hasta ahora, instrucciones para una correcta gestión de los residuos.
Las administraciones, por su parte, deberán poner en marcha políticas públicas destinadas a la protección de estas personas consumidoras vulnerables y prestar especial atención a sectores en los que abunden (por su complejidad, por ejemplo, como pasa con los servicios financieros) en sus programas de formación del consumidor, también en aquellos que están obligadas a emitir en las teles y radios públicas.
Además, el Decreto Ley añade entre los sectores que podrán ser objeto de reglas más estrictas, junto a los servicios financieros y los bienes inmuebles, a los servicios de telecomunicaciones y energía. Y habla de esas personas consumidoras vulnerables o la complejidad de ciertos sectores como una de las razones que permiten que una administración haga controles de mercado para evaluar la calidad de productos y servicios.
Modificaciones al veto a los desahucios
Aunque se contó de pasada y sin entrar en detalles en la rueda de prensa de ayer martes tras el Consejo de Ministros, el Decreto Ley también modifica las condiciones para que se suspendan los desahucios en el caso concreto de personas sin contrato de alquiler o título similar, ya sea porque se cedieron sin papeles o porque fueron ocupadas.
El Decreto Ley que en diciembre prorrogó la suspensión temporal durante el estado de alarma de los desahucios de personas vulnerables (que no superen cierto nivel de ingresos y no tengan otro lugar donde vivir) añadió también un nuevo supuesto: casas habitadas sin contrato de alquiler, ya sea porque se han cedido sin papeles o porque han sido ocupadas. Pero, eso sí, en este caso concreto las condiciones son mucho más exigentes y solo se permite que permanezcan en la vivienda, si lo decide un juez, en casos extremos.
Así, además de no alcanzar esos ingresos mínimos y no tener otro lugar al que ir, para que un juez pueda frenar temporalmente el desahucio tienen que ser familias con algún miembro dependiente, víctima de violencia de género o menores a cargo. Y solo lo podrá hacer en caso de que el propietario sea una empresa o un gran tenedor (más de diez inmuebles) y vivan allí desde antes de la entrada en vigor, en diciembre de 2020, de ese Decreto Ley.
Pero hay más condiciones. Lo que hace la norma publicada hoy es modificar algunas de las ellas. Así, hasta ahora, no se podía frenar el desahucio si la entrada o permanencia era consecuencia de un delito. El Decreto que entra en vigor mañana permite que se pueda suspender también en caso de que se trate de un procedimiento penal (no solo civil) y aunque se haya cometido un delito (por ejemplo, de usurpación), siempre que no haya habido intimidación o violencia sobre otras personas.
Por otro lado, sigue estando prohibido suspender el desahucio si la vivienda es la vivienda habitual o segunda residencia de otras personas, pero a partir de ahora también si pasa eso y el inmueble es propiedad de una empresa (hasta ahora solo se aplicaba esta norma a casas propiedad de personas físicas).
Con todo esto, el juez tendrá en cuenta si es un caso de extrema necesidad y si han cooperado con las administraciones públicas para encontrar una solución antes de decidir si paraliza el desahucio o no. Pero la lista de condiciones que se deben cumplir para que pueda paralizar un desahucio sin papeles, y solo hasta el fin del estado de alarma, es larga:
Condiciones que se deben cumplir para que un juez pueda paralizar temporalmente un desahucio en casos de no tener contrato de alquiler
- Personas vulnerables (condiciones iguales que para la paralización del resto de desahucios):
- Que el responsable de pagar el alquiler se quede en paro, le hayan aplicado un ERTE, haya reducido su jornada por motivo de cuidados (en caso de ser empresario) o haya sufrido otras circunstancias similares que supongan una “pérdida sustancial de ingresos”.
- Que los ingresos de la unidad familiar no superen, en el mes anterior a la solicitud: tres veces el IPREM (1.613,52 euros). Cuatro veces en caso de que la familia cuente con algún miembro con discapacidad, dependiente o incapacitado. Cinco veces si el deudor es discapacitado físico de al menos un 65%, o mental de un 33%, o en casos de enfermedad grave que no le permita trabajar, ya sea a la persona que paga la renta o a su cuidador. Estas cantidades se incrementarán 0,1 veces el IPREM por cada mayor de 65 años y por cada hijo (0,15 veces en familias monoparentales).
- Que el pago del alquiler y los suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, telecomunicaciones y pago de la comunidad) supongan el 35% o más de los ingresos netos de la unidad familiar.
- Que la vivienda sea propiedad de una empresa o entidad o de un gran tenedor (más de 10 inmuebles).
- Que no sea residencia habitual de ninguna persona, ni segunda residencia, independientemente de quién sea el propietario (hasta hoy, este punto solo afectaba a casas propiedad de empresas, no de personas).
- Tienen que ser familias con algún miembro dependiente, víctima de violencia de género o menores a cargo.
- Haber entrado a la vivienda, que debe ser vivienda habitual, antes del 23 de diciembre de 2020.
- Que estén en un proceso civil o penal iniciado por su propietario para recuperar la casa.
- Que en la entrada o permanencia no haya habido intimidación o violencia sobre las personas.
- Que no se realicen actividades ilícitas en el interior.
- Que hayan cooperado con las administraciones para encontrar una solución.
- Si se cumple todo lo anterior, que el juez decida que es un caso de extrema necesidad.